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Programa de las Américas Serie Acción Ciudadana en Las Américas, no. 14El movimiento indígena de justicia ambiental adquiere carácter globalTalli Nauman | 1 de octubre de 2004 Disponible en la traducción: Indigenous Environmental Justice Issues Enter the Global Ring |
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El despliegue de la bandera ambiental entre los indígenas fue un proceso en cuatro etapas. La primera fase del movimiento puede rastrearse a los modos de vida de las tribus en los tiempos anteriores al arribo de Cristóbal Colón al continente, hace 500 años, y la subsecuente colonización. Sin embargo, muchos miembros de las tribus renunciaron a sus valores tradicionales conforme llegaban las siguientes generaciones, debido a las incesantes políticas gubernamentales de asimilación, aculturación, relocalización, mercantilismo y otros ismos o males de la cultura occidental. En la fase dos, hubo un movimiento de resistencia que impulsó el orgullo indio e hizo estallar un reflorecimiento de las lenguas nativas. El American Indian Movement (Movimiento Indio Estadounidense), nacido en 1968, sentó las bases para el establecimiento del International Indian Treaty Council (Consejo Internacional de Tratados Indios) en 1974 y para su reconocimiento como el primer grupo indígena que obtuvo el estatus de ONG en Naciones Unidas, en 1977. El movimiento indígena estadounidense siguió un sendero semejante al de muchos otros en el continente. En los setenta, fundó las primeras escuelas indígenas comunitarias de educación superior, lo que ayudó a empoderar a los ciudadanos indígenas y desafió las tendencias paternalistas. Los activistas, académicos y artistas indios que emergieron de todo este periodo se convirtieron en guías para los jóvenes, y aun para los viejos que habían perdido contacto con la tradición nativa. Luego, en los ochenta, el activismo ambientalista indígena se diferenció de las luchas generales en pos de los derechos indios. Algunos líderes formaron el Council of Energy Resource Tribes (Consejo de Tribus con Recursos Energéticos, CERT por sus siglas en inglés) como herramienta técnica de capacitación y asistencia que intentaba garantizar el manejo de los bienes indígenas en tierras de las reservaciones. Sin embargo, la organización se partió cuando algunos miembros del CERT fueron coptados en la idea de vender derechos de minería a expensas de la calidad de vida de los miembros de las tribus. Otros respingaron ante las tasas de cáncer de los trabajadores indígenas en las minas de uranio, por los efectos en la salud de la polución de los pozos comunitarios debido a la extracción petrolera, o por la relocalización de viviendas para darle acceso a las grandes compañías carboneras. Se organizaron y cabildearon de manera independiente, buscando tener mayor control local sobre la tierra, el agua y el aire. Los organizadores fueron clave en el éxito del movimiento anti nuclear más general. Conforme se aliaron con los rancheros no indígenas y con los estudiantes, atrajeron atención hacia los efectos de los residuos nucleares y de la minería de uranio en tierras indígenas, cubriendo ambos polos del ciclo de la energía atómica. En 1980, la reunión internacional para lo supervivencia de las Colinas Negras (the Black Hills International Survival Gathering) fue un hito en esta fase del activismo. Los indígenas fueron punta de lanza de una resistencia contra el desplazamiento forzoso de navajos y hopis en el área de las minas de carbón donde las tierras indias se traslapaban en Arizona. Otros grupos lograron impedir que el gobierno y las compañías privadas concretaran contratos supuestamente lucrativos para arrojar residuos tóxicos en sus reservaciones. Los activistas forjaron redes de acción. En 1985 se fundó la Indigenous Women’s Network (Red de Mujeres Indígenas o IWN por sus siglas en inglés) y en 1990 la IEN. Conforme florecía la conciencia ambientalista entre la población india, otros grupos comenzaron a formarse. El National Tribal Environmental Council (Consejo Tribal Ambientalista Nacional) cuenta hoy con 108 tribus afiliadas. El Indian Law Resource Center (Centro Indio de Recursos Legales), fundado en 1978, fue una de las primeras organizaciones que ayudaron a diseñar marcos legales para litigar precedentes que fortalecieran la auto determinación indígena. En 1992 se formó la Mni Sose Intertribal Water Rights Coalition (Coalición Intertribal de Derechos de Agua Mni Sose) con el fin de garantizar la capacidad de construcción en el acceso y manejo de recursos de la cuenca del río Missouri. En la fase actual, los activistas indígenas revisan lo ocurrido en los últimos 10 años y encuentran que las políticas de energía y residuos ha cambiado muy poco. Conforme las áreas desarrolladas se pueblan densamente y sus recursos se agotan, las compañías buscan áreas menos desarrolladas en busca de nuevos yacimientos y de sitios donde arrojar desechos tóxicos. Las reservaciones indígenas les atraen porque aunque se localizan en tierras agrícolas pobres, ahora saben que son ricas en recursos naturales. La organización de los ambientalistas indígenas implica la necesidad de redoblar esfuerzos. Dado que los expansivos desechos radioactivos implican riesgos, las compañías buscan donde arrojar sus residuos en las reservaciones. A la vez, la fragilidad de las reservas energéticas hace que los promotores de la energía nuclear intenten reabrir plantas generadoras clausuradas, lo que entraña la posibilidad de explotar el uranio en tierras indias. Entre tanto, las tribus están todavía limpiando los efectos del uranio y de otras minas que cerraron hace una década. Una cuarta parte de las 1 mil 100 minas localizadas en tierra de los navajo nunca fue asegurada. La limpieza apenas impieza, pues se inició después del más grande derrame de uranio en la historia de la minería, ocurrido en Churchrock, en la reservación navajo. Ante un panorama de más de lo mismo, LaDuke dice: “Las estrategias usadas hace 20 años eran buenas. Requerían la educación de las comunidades para impulsar un movimiento ambiental que tuviera memoria de por qué luchar contra la energía nuclear y los combustibles fósiles”. El movimiento ambientalista indígena contemporáneo evolucionó a partir de hacer conciencia entre las comunidades locales de los riesgos de la minería de carbón y de uranio, de los campos de petróleo y gas y de las plantas nucleares y productoras de combustibles fósiles—y sigue trabajando muy duro en esos tópicos. Junto al resto del movimiento ambientalista, promueve sistemas de energía renovable y tecnología apropiada con el fin de proteger el planeta del peligro del cambio climático, una preocupación mundial. Las preocupaciones perennes y actuales del movimiento se reflejaron en el programa de trabajo de la décimo tercera reunión anual de la IEN. Los tópicos incluyeron aspectos relacionados con el agua, la globalización y el libre comercio, la energía nuclear y aquella basada en combustibles fósiles, justicia en torno al clima y energías alternativas limpias. Los talleres abordaron cómo organizar a los jóvenes indígenas, la ley nacional de política ambiental (National Environmental Policy Act), el principio precautorio, el uso de los medios de comunicación en la organización, las leyes de aire y agua limpios (Clean Air Act y Clean Water Act), una nueva generación de incineradores de residuos, la contaminación con mercurio y el trabajo y perfil del National Environmental Justice Advisory Council (Consejo Nacional Consultivo de Justicia Ambiental NEJAC, por sus siglas en inglés), órgano asociado a la EPA. Entre los aspectos que surgieron, se encuentra el forzar a la mina International Uranium Corp. a limpiar los sitios sagrados de White Mesa al norte de Moab, en Utah; impedir el depósito de desechos nucleares en el territorio occidental de los shoshone en Yucca Mountain, Nevada, y en la tierra de la banda de goshutes de Skull Valley, en Utah; asegurar que la propuesta de reforma federal de energía elimine los nichos y recortes fiscales otorgados a las plantas nucleares; evitar la explotación de crudo y gas en el ártico, en el territorio gwich’n de Alaska; protestar por la propuesta de desarrollar 60 mil pozos de metano de base carbonífera en la cuenca del río Powder, en Wyoming; bloquear la expansión de las líneas ferroviarias del Medio Oeste, que serían utilizadas para transportar carbón y potencialmente residuos riesgosos; oponerse a la perforación petrolera propuesta en Slim Buttes y en las Cave Hills de Dakota del Sur; cancelar la minería a cielo abierto que amenaza 1 mil 700 entierros y sitios sagrados en las inmediaciones de Beulah, en Dakota del Norte; organizarse para frenar la construcción de la primera refinería estadounidense construida desde mediados de los setenta, en la reservación Fort Berthold, en Dakota del Norte, así como pagar una deuda de 8 millones de dólares a la minera más grande del mundo antes de abril de 2006 a cambio de proteger el río Wolf en Wisconsin para los sokaogon chippewa. Estos puntos de conflicto surgen en tierras que tan sólo hace dos generaciones eran el escenario de batallas entre guerreros tribales y soldados estadounidenses que peleaban a muerte por el acceso y control de los recursos naturales. Para enfrentar estos retos hoy, la gente india y no india, por igual, necesita creer que puede mejorar la vida y cooperar en la disminución de la contaminación y los hábitos contaminantes. La gente tiene que ver más allá de los beneficios superficiales y darse cuenta de que las dioxinas venenosas exudadas en muchos de los procesos que producen bienes de consumo conllevan graves impactos ambientales y de salud. Hacer que todo esto ocurra no es una tarea menor. Entre otras cosas, es necesario mayor compromiso de las grandes organizaciones internacionales ambientalistas con las prioridades de una cultura en estrecha relación con la tierra.
Los ciudadanos emprenden accionesPese a tener que seguir luchando por recuperar el uso de los idiomas indígenas, por confrontar la cultura convencional de la televisión y disminuir los niveles trágicos de alcoholismo, suicidio y crimen en las reservaciones, los activistas han logrado, sin embargo, trascender el manejo de tantas crisis y continúan su vocación de cuidado de la Madre Tierra. La seguridad y limpidez del suelo, el aire y las reservas de agua se vinculan directamente con la salud y la seguridad en las regiones indígenas. Eso es posible porque mucha gente depende todavía de la flora y la fauna silvestres para alimentarse y medicarse. Vivir de la tierra y en relación estrecha con ella demanda una atención detallada a la protección ambiental. Así ocurre que muchos activistas no tienen otra que asumir un papel protagónico debido a circunstancias muy feas. Por ejemplo, hace un año, Lori Thomas-Luna ayudó a la formación de la Gila River Alliance for a Clean Environment in Arizona (Alianza del río Gila en pos de un Ambiente Limpio en Arizona) después de que el almacenamiento inadecuado de barriles de pesticida en los años ochenta produjeron lixiviación en su tierra ancestral. “Al dañar nuestros cuerpos, se daña el alma”, dice. Buscando enmendar las cosas, los activistas apelan a sus derechos primordiales a controlar la tierra de su reservación y su base de recursos naturales, a los tratados, a leyes como la de libertades religiosas indígenas (American Indian Religious Freedom Act) de 1978, y a la auto determinación indígena (Indian Self-Determination Act) de 1975. Su arsenal para obtener cambios incluye la enseñanza, boletines informativos para educar a los residentes locales, presión a las agencias administrativas tribales y federales, quejas legales, propuestas legislativas, cabildeo, redacción de cartas y campañas en los medios, protestas y desobediencia civil, acciones directas, sesiones de oración, eventos culturales y giras musicales, proyectos de tecnología apropiada, comercialización y recaudación de fondos, construcción de alianzas y demandas internacionales. Mediante una combinación de tácticas, la Black Hills Alliance—un esfuerzo organizativo sin precedentes entre los indios y los no indios del Dakota del Sur—logró impedir los planes de explotar las minas de uranio de las Colinas Negras a fines de los setenta y principios de los ochenta. Desde entonces, el movimiento ambientalista indígena sale victorioso de muchas batallas una y otra vez. En 1987, por ejemplo, la Cowboy-Indian Alliance (Alianza de Vaqueros e Indios) resistió el intento de la Honeywell Corp. de destruir un campamento y un sitio de culto que los activistas habían establecido en el río Cheyenne, y logró bloquear las pruebas con municiones radioactivas en Dakota del Sur. La activista JoAnn Tall, que ganó el Premio Goldman otorgado a los ambientalistas notables en todo el mundo, le da el crédito de perseguir sus sueños al éxito en la dirección a esa y otras tareas. “La base espiritual es el único camino que muchos de nosotros conocemos”, declara, y añade: “Sin eso, no tendríamos éxito en tantas campañas en que hemos participado”.
El nacimiento de la IEN
Un precedente que catalizó la organización, fue una carta enviada hace 14 años por el departamento de Energía a los 565 gobiernos tribales reconocidos a nivel federal, empujándolos a aceptar desechos radioactivos a cambio de dinero y más tierra. La compañía Bechtel también envió cartas a los gobiernos tribales promoviendo las plantas de energía nuclear. Los activistas vieron esto como una violación de su soberanía tribal, dado que muchas autoridades de las reservaciones no eran muy versadas en los peligros de contratos de ese tipo y no habían promulgado leyes o mecanismos de regulación en favor de una protección ambiental. Las cartas llegaron un año después de que las comunidades—de Alaska a Oklahoma—comenzaran a recibir solicitudes de firmas de manejo de residuos tóxicos con el fin de desarrollar incineradores y otras instalaciones en las reservaciones. Enterado de las solicitudes, el director de campaña de tóxicos en el suroeste, de la organización Greenpeace, Bradley Angel, puso en contacto a los informantes. El resultado fue la primera reunión de la IEN, en 1990, en los terrenos del rodeo Dilkon en la región navajo, a la cual asistieron 200 personas de 25 tribus. La IEN se formó “para proteger nuestros sitios sagrados y recursos naturales, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro aire, la salud de nuestro pueblo y de todas las cosas vivientes, y para construir, económicamente, comunidades sustentables”. La red logra esto mediante una reunión anual que sigue vigente. Además, mantiene un centro de documentación, organiza campañas y acciones directas, eleva la conciencia del público, propicia la reflexión y la acción de las comunidades y las tribus en asuntos de justicia ambiental. Desarrolla iniciativas de políticas públicas. Promueve alianzas entre las comunidades indígenas, las tribus, las organizaciones indígenas e inter tribales, la “gente de color” y las organizaciones étnicas, los grupos de mujeres y aquellos basados en la fe, las organizaciones juveniles, laborales, ambientales y otras. Las reuniones de la IEN actualizan a los participantes en asuntos relativos a todo el país, elevan la conciencia de las comunidades anfitrionas locales y fijan puntos de una agenda compartida. La red es una de las pocas organizaciones ambientales que insiste en que sus eventos se lleven a cabo en colaboración con tribus y localidades apartadas que, con frecuencia, no son tomadas en cuenta. Los manifiestos de la IEN confrontan los privilegios de las corporaciones en la distribución de los recursos naturales, y toman en cuenta las posibilidades de un consenso global. Por ejemplo, en la reunión anual de 2003, se produjo un manifiesto en torno al agua donde se afirma: “Buscamos el respaldo y la solidaridad para oponernos a cualquier tratado de libre comercio que implique privatizar o comerciar con el agua como bien de consumo, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Área de Libre Comercio de las Américas”. La organización hermana de IEN, la Indigenous Women’s Network emergió de una reunión celebrada cinco años antes, donde 200 mujeres indígenas se comprometieron con la misión de “proteger a la Madre Tierra para las futuras generaciones”. Su sede en Austin, Texas, que lleva por nombre Alma de Mujer, sirve como centro comunitario y como modelo de desarrollo sustentable. Juntas, la IEN y la IWN crearon Honor the Earth, que hoy tiene 10 años. Esta empresa compartida se describe a sí misma como una fundación nacional y como grupo de trabajo que apoya las luchas del ambientalismo indígena, construyendo una base india y no india informada capaz de confluir en torno a aspectos de justicia ambiental y supervivencia. Honor the Earth cuenta con más de 200 organizaciones de base y representa el esfuerzo unificado del Estados Unidos indio por ampliar la conciencia de las luchas ambientales; por generar un respaldo político y financiero para asuntos específicos. Se comunica en seis idiomas por Internet. Con cinco giras de conciertos de las Indigo Girls—en coordinación con el programa de comunidades nativas de la Tides Foundation—logro recaudar más de 800 mil dólares y distribuirlos entre unos cien grupos. La cobertura nacional en los medios y las campañas de cartas están dirigidas a influir en quienes toman las decisiones políticas en Estados Unidos. Sus miembros participaron con cinco consejos tribales de la Colorado River Native Nations Alliance (Alianza de Naciones Indias del Río Colorado) que logró frenar un tiradero de desechos nucleares en Ward Valley, en el desierto de Mojave, en California, propuesto por el gobierno. Representantes rarámuri de México y de las primeras naciones canadienses asistieron para dar su apoyo. En 1998, justo cuando la resistencia estaba en su punto más alto, Greenpeace retiró su respaldo a la acción y al trabajo anti nuclear de base comunitaria en Estados Unidos. Eso disparó una acción multiétnica en pro de la justicia ambiental llamada GreenAction, con sede en San Francisco, que desde entonces colabora con el movimiento ambientalista indígena. Una vigilia de oraciones de 113 días atrajo la atención de los representantes de la Casa Blanca, que visitaron el sitio de reunión y pusieron fin al conflicto de Ward Valley. Como en el caso del bloqueo de las minas de uranio de las Colinas Negras, se realizó un documental del conflicto, con el objetivo de inspirar más activismo de base. En 2003, en un caso más reciente, la Zuni Salt Lake Coalition (Coalición del Salt Lake de los Zuni) salió victoriosa de una campaña de 20 años por evitar la explotación de carbón a cielo abierto y el bombeo de agua subterránea por parte del Salt Lake Project. La propuesta amenazaba el lago Salado, en Nuevo México, sagrado para los zuni, hasta que los intereses mineros cancelaron los permisos para concesiones de carbón. Sin embargo, los inversionistas han expresado deseos de reabrir el asunto, resaltando la necesidad de una mayor supervisión de los aspectos ambientales en tierras indígenas. En cuanto al Congreso estadounidense, la IEN presume de una década de caminos de entrada. Uno es el programa general de asistencia, creada por la EPA en 1993. Este programa proporciona becas a las tribus por manejar desechos sólidos, contaminación de agua y suelo, calidad del aire y otros problemas. Otro es la creación del NEJAC y del grupo de trabajo del subcomité de pueblos indígenas de la oficina de justicia ambiental de la EPA (Indigenous Peoples Subcommittee Work Group). La formación de estas instancias se inspiró en el decreto ejecutivo presidencial (del 11 de febrero de 1994) que establece la justicia ambiental como prioridad nacional, y centra la atención federal en las condiciones de salud humana y ambiental entre las poblaciones minoritarias y de escasos recursos. El NEJAC cuenta con un consejo ejecutivo de 26 miembros designados de diferentes sectores. El subcomité es uno de los ocho grupos de trabajo conformados por miembros del Consejo y de organizaciones de afectados. Con la participación del NEJAC, el programa tribal de la oficina de justicia ambiental (Office of Environmental Justice’s Tribal Program) proporciona entrenamiento, asistencia técnica y de desarrollo a los miembros y gobiernos de las tribus, con el fin de refinar sus conocimientos ambientales. El programa otorga apoyos a las organizaciones de base a través de pequeñas donaciones, acuerdos de cooperación y puestos de servicio social comunitario. Muchos obstáculos requieren ser remontados para obtener el apoyo de las agencias federales. La EPA, al igual que la oficina de asuntos indígenas (Bureau of Indian Affairs) carece de la capacidad o los canales de comunicación con los funcionarios tribales o los miembros de las comunidades. Sólo el 2% de los empleados de la agencia federal son indígenas y no todos están en puestos de decisión o investigación científica. La EPA lleva 10 años brindando apoyo a las tribus, así que en el caso de los conflictos ambientales suele asistir con las acciones para cumplir las normas, pero no en las para castigar las infracciones. Su financiamiento es quizá el problema más serio. Dado que las tribus no cuentan con una base fiscal y es políticamente incorrecto usar dinero estatal para las tribus, el financiamiento de la agencia depende de las autoridades en Washington. Sólo una cuarta parte del 1% de los fondos de la EPA está etiquetado para las tribus. En 2004, debido a lo limitado de los fondos discrecionales del Congreso, el departamento de Energía no dispuso de fondo alguno destinado a los proyectos de energía renovable o de eficiencia energética para fines indígenas. Este mismo año, la reunión de la IEN dio a la EPA la oportunidad a solicitar comentarios en la consulta pública federal “Involucramiento significativo y trato justo en los programas regulatorios tribales”. La consulta revela problemas de jurisdicción que explican por qué la IEN tiene que jugar un papel de intermediario entre los miembros de la comunidad, los representantes tribales y las autoridades federales. Los gobiernos tribales son cuerpos administrativos atrapados entre varios fuegos. En lo económico, tienen la tarea de procurarse inversiones externas a las reservaciones sin comprometer sus recursos naturales. Algunos gobiernos tribales no tienen capacidad de gestión. La rotación en los puestos tribales ocasiona frecuentemente algunos contratiempos en los proyectos de desarrollo sustentable. En lo político, la legitimidad de los consejos tribales es minado constantemente por algunos miembros de las tribus (que se limitan a respetar solamente a otras formas de gobierno más tradicionales), y por los funcionarios estatales y federales que no quieren reconocer su estatus legal. Honor the Earth trabaja con todas las facciones involucradas con tal de que se aborden los asuntos ecológicos con todas sus aristas. Las organizaciones participantes se reúnen a veces con otras para actuar legislativamente, como ocurrió en junio de 2004 cuando conjuntaron esfuerzos para oponerse al HR 4513, que habría degollado el corazón de la National Environmental Policy Act y en el caso de la coalición informal que bloqueó la propuesta de energía S 2095. La IEN estuvo entre los grupos que convencieron a los legisladores federales para que por tres años consecutivos rehuyeran la repetida propuesta conocida como “Superfund”, del departamento de Defensa, que intentaba hacer excepciones a la ley de aire limpio, a la ley de conservación y recuperación de recursos y a la ley de limpieza de tóxicos. Pero falta mucho por hacer. En los años recientes se ha frustrado mucho la recaudación de dinero procedente de las fundaciones privadas—destinado a la organización de base. Según el director de la IEN, Tom Goldtooth, este es un factor que tiene que ver con un desempeño pobre en la bolsa de valores, lo que a su vez hace que los donantes privados gasten menos en apoyar la causa. En los juzgados, una de las recientes victorias en incontables litigios ocurrió en 2003, cuando Defenders of the Black Hills entabló una demanda para evitar que se usaran fondos federales del Community Development Block Grant (Becas de Desarrollo Comunitario) para la creación de un campo de tiro privado en la vecindad de Bear Butte, un sitio religioso de 60 tribus. Aunque el responsable fue un buen abogado, los opositores del proyecto también le otorgan crédito a las plegarias. Los miembros de la red han progresado en sus esfuerzos de educación ambiental. En la reservación navajo oriental, por ejemplo, los miembros de la comunidad organizados enseñan a otros cómo es que se esparcen los contaminantes; informan de los impactos de los accidentes radioactivos, del monitoreo de la explotación minera, del muestreo del agua, y de cómo conseguir fondos para estudios de salud ambiental relacionada con la explotación del uranio. Estas acciones comunitarias condujeron a una campaña de cartas que ayudó a parar la reforma senatorial que subsidiaba a las compañías de uranio. En Dakota del Sur, la comunidad—organizada por Concerned Rosebud Area Citizens (Ciudadanos Comprometidos del Área de Rosebud)—consiguió expulsar un proyecto de Bell Farms, una granja-fábrica de puercos muy contaminante. Programada para tener 860 mil puercos confinados, habría sido el tercer más grande criadero de este tipo en el mundo. Pero fue aprobado sin la declaración de impacto ambiental que debía ser emitido por el consejo tribal de Rosebud. En las elecciones consejales de 1999, los miembros de la tribu corrieron a todos los consejales que favorecían el proyecto y los remplazaron con opositores al mismo. Abundan los ejemplos de implementación de proyectos de energía renovable. La primera turbina eólica comercial se construyó en la nación sioux de Rosebud, con una capacidad de 750 kilowatts. Le siguieron 16 más, del mismo tipo, así como proyectos de 30 mega watts planeados en la reservación cheyenne norte, en Montana, y en la reservación makah, en Washington. En menor escala, se proyectan turbinas de viento para la estación de radio comunitaria de KILI y en el centro comunitario White Plume Tiospaye de la reservación Pine Ridge, en Dakota del Sur. Entre tanto, las comisiones de infraestructura de la tribu navajo planean 63 sistemas híbridos fotovoltaicos y turbinas eólicas generadoras de energía para viviendas individuales en 2004, con un total de 103 instalaciones.
El camino se ensanchaLa IEN afirma que, en obediencia al mandato del liderazgo tribal y de base indígena, su plan para los siguientes 10 años incluye: asuntos de justicia económica y ambiental, aspectos relacionados con tóxicos, salud ambiental, biodiversidad, minería, cambio climático, agua, seguridad alimentaria, desarrollo sustentable y energía. Si pretenden contar con un piso más amplio para sus acciones, la red y sus socios necesitarán expandir su círculo de amistades, como lo han venido haciendo en años anteriores. En 2000, la IEN celebró su reunión anual en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México en Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas. El anfitrión fue la ONG Casa de los Colores. La reunión se centró en algunos aspectos de justicia fronteriza, agua, desechos agrícolas tóxicos, en los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la privatización de las tierras indígenas en México. En 2003, la reunión se llevó a cabo en los territorios de la nación okanagan, que se traslapan con Columbia Británica en Canadá, y terminó con un llamado a crear un cuerpo de monitoreo internacional para rastrear los intentos por comerciar con el agua en relación con los pueblos indígenas. La reunión de 2004, contó con la participación de David Bald Eagle, quien habló de la tecnología apropiada tradicional. Bald Eagle es jefe de la Organización de Naciones Unidas Indígenas, con ocho años de existencia, que cuenta con participantes de 45 tribus, no sólo de Estados Unidos sino también de Groenlandia, América latina, y las Islas de los mares del Sur. La IEN participó activamente desde los talleres y protestas contra la Organización Mundial de Comercio en Seattle, en 1999, hasta el Foro Social de las Américas en Quito, en 2004. Hoy, con el advenimiento de un poder supra nacional encarnado en organismos como la OMC o el Banco Mundial, y con tratados como el TLCAN, o intentos continentales como el ALCA y otros instrumentos semejantes, es una nueva época donde otros sectores poblacionales despiertan ante las crecientes contradicciones geopolíticas y la creación de nuevas fronteras. Los activistas indígenas y no indígenas relacionados con asuntos ambientales, procedentes de diferentes países, se tornan aliados cercanos, conforme se dan cuenta que todos están en esto juntos. Los viejos argumentos indígenas en contra de la privatización y monetarización de la tierra, el agua y el aire, tales como los atribuidos al famoso jefe Seattle del siglo XIX, de origen duwamish-suquamish, adquieren mayor sentido en el contexto de la globalización: “Cada pedazo de toda la tierra es sagrada para mi pueblo. Somos parte de la tierra y ella es parte nuestra”. Talli Nauman es editora del Interhemispheric Resource Center y asociada del Programa de las Américas. Asistió a la reunión 2004 de la Indigenous Environmental Network (IEN), en Dakota del Sur, su estado natal.
Recursos Honor the Earth Indigenous Environmental Network Indigenous Women’s Network Association on American Indian Affairs Sacred Lands Protection Program Black Mesa Water Coalition Buffalo Field Campaign Caribou Commons Citizen Alert’s Native American Project Concerned Rosebud Area Citizens Defenders of the Black Hills Diné Citizens Against Ruining Our Environment (Diné CARE) Forests and Forest Peoples Program Gila River Alliance for a Clean Environment Gitigaaning Project (salud) Green Action Lakota Action Network Military Toxics Project National Wildlife Federation Tribal Lands Program Seventh Generation Fund Southwest Network for Environmental and Economic Justice Western Shoshone Defense Project Wolf River Protection Fund Yucca Mountain Alerts U.S. EPA American Indian Environmental Office U.S. EPA Environmental Justice Advisory Council Indigenous Peoples Subcommittee U.S. Interior Department Bureau of Indian Affairs U.S. Interior Department Bureau of Land Management U.S. Energy Department, Tribal Energy Program, National Wind Coordinating Committee B.C. Aboriginal Fisheries Coalition Union of B.C. Chiefs Northwest Intertribal Fisheries Commission Pacific Fisheries Resource Conservation Council Inter-Tribal Council on Utility Policy Mni Sose Intertribal Water Rights Coalition, Inc.
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