A lo largo de 2004 los principales movimientos sociales de la región se encontraron con un escenario más complejo y mostraron tendencias a distanciarse de los gobiernos progresistas o de izquierda, preparando nuevas ofensivas.
A diferencia del año 2003, que estuvo signado por la ofensiva de los movimientos y las derrotas del imperio, el que acaba de finalizar representa una pausa que tiende a reequilibrar las relaciones de fuerza en la región. El escenario se ha vuelto más complejo y los movimientos sociales no han conseguido grandes victorias como las del pasado inmediato. La excepción más notable es el resonante triunfo conseguido por el proceso bolivariano en Venezuela, al derrotar y fragmentar a la oposición en el plebiscito revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez, gracias a la masiva implicación en el mismo de amplios sectores populares.
El año 2004 se cerró con una sensación de frustración, a la vez que se acumulan negros nubarrones en el horizonte. La deslegitimación del modelo neoliberal en los últimos años no dio paso a políticas alternativas, ya que en los países más importantes de Sudamérica, en particular Argentina y Brasil, las políticas económicas implementadas por sus gobiernos están lejos de la ruptura con el modelo y tienden, por el contrario, a reforzarlo. Por otro lado, el triunfo de George W. Bush en las elecciones estadounidenses refuerza las tendencias al intervencionismo contra Cuba y hacia Venezuela, donde el imperio está forzado a rediseñar su estrategia, que se mueve entre una improbable cooptación del proceso bolivariano y la más probable desestabilización por la vía de la injerencia militar.
Un escenario más complejo
El tablero regional tendió a estabilizarse en 2004. El gobierno estadounidense, una de las principales fuerzas en la región, tiene como principal aliado al gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que se apresta a luchar por la reelección sin alternativas ni elementos desestabilizadores a la vista. Colombia es una suerte de inmenso portaaviones desde el que se pretende desbordar la política intervencionista hacia los países vecinos algo que ya parece haberse conseguido sin mayores sobresaltos al alinear a Ecuador, pero que tiene ante sí enormes desafíos.
En el corto plazo, el reto más importante es Venezuela. En el mediano, Brasil. La Casa Blanca puede contar con crisis político-sociales casi seguras en Perú, Bolivia y quizá en Paraguay, países donde los gobiernos de Alejandro Toledo, Carlos Mesa y Nicanor Duarte sufren diversos niveles de inestabilidad, en gran medida por la presencia activa de movimientos sociales que cuestionan a fondo la relación actual de fuerzas.
La existencia de varios gobiernos de izquierda o progresistas en Sudamérica (Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y desde marzo Uruguay) que son la segunda fuerza que opera en la región no está siendo capaz de promover un viraje compacto y de largo aliento, como sería de esperar. Un conjunto de factores desde la primacía de estrechos intereses nacionales hasta lo endeble política y el pánico a la desestabilización está coartando la posibilidad de que el continente consiga encarar políticas propias. La actitud de Washington hacia Chávez, alentando la insurrección de las clases medias y el empresariado y provocando una situación de paranoia desestabilizadora, es un claro mensaje a todos los gobiernos que pretendan salir del modelo de que los costos que afrontarán serán muy elevados, y ninguno de ellos cuenta con recursos claves como el petróleo, una baza poderosa para enfrentar cualquier dificultad.
Sin embargo, todos los gobiernos mencionados a los que se podrían sumar los de Ecuador y Bolivia han conseguido enredar la situación política al proclamarse como defensores de los mismos objetivos que los movimientos y porque buena parte de ellos surgieron de las ofensivas lanzadas por los movimientos en los últimos años.
Al no registrarse cambios estructurales en ningún país de la región, los gobiernos progresistas tienden a verse atrapados entre las dinámicas divisionistas de Estados Unidos, que fomenta los tratados bilaterales de libre comercio, y la reactivación de los movimientos. Con la excepción de Paraguay y Bolivia, el descenso de la conflictividad social fue importante en toda la región. Este descenso no es un reflejo de cambios positivos para los sectores populares, sino que parece responder a la mencionada complejificación del escenario político, que tiende a confundir a las bases sociales de los movimientos y hace más difícil la movilización.
Al mismo tiempo, la represión no ha disminuido. En Brasil, cinco campesinos sin tierra fueron asesinados por pistoleros a sueldo de los hacendados, en tanto que la violencia en el campo tiende a reactivarse. En Paraguay, el gobierno de Duarte criminaliza la protesta campesina en demanda de tierra, utilizando a las fuerzas armadas en la represión. En 2004 fueron procesados 1.500 campesinos paraguayos y 190 fueron detenidos, mientras el ministro del Interior anunció que el gobierno estadounidense cooperará con la seguridad paraguaya capacitando al personal policial. En ambos países se desarrolla una lucha de nuevo tipo contra el agrobusiness, que está implantando un modelo de desarrollo basado en la utilización intensiva de tecnología y cultivos transgénicos, expulsando a cientos de miles de campesinos del campo.
En Argentina hay más de 4.000 militantes sociales procesados (la mayoría por cortar rutas) y 28 fueron puestos en prisión acusados de disturbios bajo el gobierno de Néstor Kirchner (sobre todo piqueteros, prostitutas, gays, lesbianas y vendedores ambulantes), quien se proclama como defensor de los derechos humanos. El caso argentino es paradigmático, ya que pese a la política implementada por el gobierno para sanear la corrupta cúpula policial, las violaciones a los derechos humanos mantienen la misma tendencia que en los años del neoliberal Carlos Menem. El último informe de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) establece que en 2004 fueron asesinadas un promedio de 12 personas por mes bajo la modalidad del gatillo fácil . Desde que Kichner asumió el gobierno el 25 de mayo de 2003 hasta el fin de noviembre de 2004, 229 personas fueron muertas por la policía por gatillo fácil o tortura, señala Correpi. Dos de cada tres muertos tienen entre 15 y 25 años. Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos señaló que los tribunales argentinos cada vez con mayor frecuencia
deciden mantener en prisión preventiva a ciudadanos argentinos por el único hecho de haber participado en manifestaciones donde expresaban demandas legítimas , a quienes se acusa de delitos que implican hasta 16 años de cárcel.
Hacia un nuevo protagonismo social
Así las cosas, los movimientos sociales siguen siendo el factor más dinámico en el tablero regional. A lo largo de 2004 y en la mayoría de los países comenzaron a reacomodarse ante la nueva situación. Desde la Colombia sacudida por la guerra y el militarismo, hasta Brasil donde se van tejiendo alianzas y despejando incertidumbres, los movimientos están encarando con vigor los nuevos desafíos.
El dato más elemental es que los movimientos siguen estando presentes, pese a los serios intentos por cooptarlos o reprimirlos. Pero seguir existiendo supone promover cambios, tanto en el espacio político como, sobre todo, hacia el interior de los mismos movimientos. No es de extrañar, entonces, que los debates profundos sobre la estrategia a seguir estén atravesando la vida cotidiana de todos los colectivos, en todos los países. Y eso sin desatender la acción pública.
Desde esta perspectiva, sobresalieron en 2004 algunos hechos: el abril rojo del movimiento sin tierra (MST) y el Grito de los Excluidos en Brasil; la Minga por la Vida de los indios colombianos; la movilización popular venezolana durante el referendo revocatorio del mandato de Chávez; la gran movilización contra el TLC en Chile; los elevados niveles de protesta social en Perú y Bolivia. Este conjunto de movilizaciones, que son apenas una mínima muestra de la actividad de los movimientos, testimonian que su recomposición y reubicación en el nuevo escenario va de la mano de la experimentación de nuevas formas de lucha, de la búsqueda de alianzas con otros sectores y de la necesaria cautela para no fortalecer a las derechas.
En Bolivia, luego de un período de aguda confusión y división a raíz del referendo sobre los hidrocarburos,
convocado por el gobierno de Mesa en agosto, los movimientos volvieron a ganar presencia y unidad a fines de 2004 y comienzos del nuevo año. Antes de
recuperar la iniciativa debieron despejar el propio campo, eligiendo nuevas autoridades como en el caso de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), una de las piezas claves del movimiento boliviano. A comienzos de enero, el presidente Mesa debió retroceder para calmar momentáneamente la protesta (paros, marchas, ocupaciones de edificios públicos, cortes de rutas, huelgas de hambre), y se vio forzado a rescindir el contrato del servicio de agua con una multinacional francesa y a reducir el precio del diesel. El caso boliviano muestra que, en ausencia de reformas profundas, el ciclo de protestas que parecía apagado vuelve a encenderse.
En Ecuador, la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) sufrió un importante desgaste a raíz de la participación en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Una parte de sus dirigentes fueron cooptados, y el conjunto de la organización vivió un distanciamiento entre dirigentes y bases que la debilitó. En diciembre, la Conaie realizó su segundo Congreso, en el que eligió una nueva dirección y reforzó la unidad que estaba en peligro. Ahora se apresta a reactivar la lucha ante un gobierno que utiliza fondos públicos para promover la división.
En Colombia, el movimiento social sigue sufriendo por la creciente militarización producto de la guerra. Sin embargo, va encontrando formas de superar la polarización social y abrir espacios para la movilización. A mediados de septiembre, el movimiento indígena realizó la Minga por la Vida y la Soberanía, una importante marcha de 60.000 personas hasta la ciudad de Cali, en la que se demandó autonomía y se cuestionaron las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El 12 de octubre, la Coalición Democrática, que integra organizaciones sindicales, sociales y políticas, convocó un paro cívico nacional que tuvo gran acogida. Ambos hechos se inscriben en un creciente protagonismo de la sociedad civil colombiana.
En Brasil, el MST ha mostrado gran plasticidad para movilizarse sin chocar de forma frontal con un gobierno que aún tiene aspectos de izquierda. A partir de las movilizaciones de abril de 2004 (en las que ocuparon unas 150 haciendas improductivas), los sin tierra parecen haberse deslindado del gobierno de Lula, del que no esperan ya grandes cambios. En Argentina, los movimientos que no fueron cooptados por el gobierno comienzan un lento proceso de reactivación, sin grandes acciones callejeras pero profundizando el trabajo de base y tendiendo puentes entre diferentes movimientos, como lo muestran los dos encuentros denominados Enero Autónomo.
Nuevo papel de los movimientos
Entre las novedades que aportó el 2004 aparece una nueva relación entre lo social-político y lo político-partidario. Sin duda, los movimientos muestran un dinamismo mayor que los partidos de izquierda, algo que fue inocultable en las jornadas de diciembre de 2001 en Argentina y en octubre de 2003 en Bolivia. Va emergiendo una clara conciencia de los límites de los partidos y, en paralelo, la idea de que los movimientos son algo más que sociales .
Una primera ruptura consiste en que los movimientos tienen su propia agenda y sus propios programas, más o menos explicitados según los casos. Ya no actúan de forma refleja o reactiva ante estados y partidos. En este sentido, aparecen formas de articulación entre movimientos, más o menos estables y amplias según los países: la Coordinación de los Movimientos Sociales (CMS) en Brasil; el Enero Autónomo y otras formas de coordinación en Argentina; las relaciones entre la COB (Central Obrera Boliviana), la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y las juntas vecinales en Bolivia, y diversas articulaciones puntuales como los foros sociales nacionales o regionales, contra el ALCA o en solidaridad con Cuba o Venezuela. Todas ellas eluden la formación de aparatos y superestructuras permanentes a través de formas flexibles y ágiles de coordinación. En suma, no reproducen la forma partido , ni en cuanto a su estilo de organización ni en lo relativo a la relación con las instituciones.
Ricardo Gebrim, coordinador de la Campaña contra el ALCA en Brasil, señaló que si fuera verdad que el PT acabó como herramienta transformadora, va a surgir otra cosa. Y tal vez no sea un partido . A diferencia de los partidos de izquierda, asegura, preocupados por las elecciones de 2006, para los movimientos lo importante es la formación de una nueva generación de cuadros políticos, la organización de los sectores que tienen mayor impacto en la sociedad.
En segundo lugar, está naciendo una nueva conciencia sobre el papel de los partidos, de los estados y de los propios movimientos. En la CONAIE ecuatoriana, uno de los ejes del debate consiste en el papel que debe jugar Pachakutik, el brazo político-electoral creado por el movimiento indígena. Luego del congreso celebrado en diciembre, existe cierto consenso en torno a valorar como un error la participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que provocó la mayor crisis política pero también de identidad en la historia de la CONAIE.
La cuestión de la relación entre los movimientos y las instituciones aparece así en un lugar relevante de la agenda, y ya no es sólo una preocupación de ciertos intelectuales. Algo nuevo está naciendo, sobre la base de amargas experiencias. Antonio Canuto, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, adelanta una hipótesis para la reflexión: Por el camino institucional no se avanza más. Creo que el camino de los cambios tampoco se da más en la disputa partidaria. Está naciendo una cosa nueva, sólo que no sabemos definir exactamente qué es.
Quizá una de las cosas nuevas más destacadas sea el crecimiento de la autoestima de los movimientos, que ahora se sienten capaces de trazar sus propios rumbos, establecer sus propios programas, sin esperar a que los partidos políticos se encarguen de una tarea que sólo la sociedad civil organizada puede encarar. De esta manera, preparan ofensivas más vastas que pueden modificar una vez más- el escenario regional en los próximos años.
Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas (www.americaspolicy.org).