El diez de enero, el Presidente nicaragüense Daniel Ortega dictó su segundo mensaje inaugural a una audiencia nacional e internacional expectante.

La primera vez que lo hizo fue en 1984, después de haber sido electo Presidente del Gobierno Revolucionario de Nicaragua. En ese entonces, él tomó el cargo en medio de la gran euforia del triunfo Sandinista y del caos provocado por la guerra de los Contras, financiada por el gobierno estadounidense.

Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Los encabezados de los diarios de Managua muestran especulaciones acerca del curso que seguirá la administración Ortega y de cómo los Estados Unidos—némesis histórica del partido de Ortega, El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—responderá.

¿Continuará el gobierno de Ortega con la adhesión que las recientes administraciones han mostrado al modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos, con el fin de mantener una buena imagen ante ese país y los donantes internacionales? ¿O se unirá a la creciente lista de países latinoamericanos que se están rebelando en contra del modelo? ¿O intentará ambas cosas?

¿Respetará el gobierno estadounidense el curso que la administración Ortega elija? ¿O buscará castigar cualquier desafío a sus preceptos de libre mercado?

La realidad es que la administración Ortega debe considerar cómo los Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían responder a sus cambios de política. Pero al mismo tiempo, la sociedad civil nicaragüense está también ejerciendo presión sobre Ortega. Después de 16 años de atestiguar sucesivas reestructuraciones a la economía, por parte de los gobiernos nacionales, con el fin de adecuarla a las líneas clásicas del modelo económico neoliberal, muchos grupos nicaragüenses están demandando que el modelo sea reformado, mientras otros claman por su total reemplazo.

Por años, las propuestas concretas de grupos de la sociedad civil que clamaban un cambio han entrado en oídos sordos, ya que el gobierno insistía en adherirse a las políticas estadounidenses o del FMI que provocaron protestas populares. Mientras los detalles de cambios en la política son difíciles de predecir en esta etapa temprana, la acción inicial y el discurso de la administración Ortega ofrecen indicios de que varias demandas de cambio, provenientes de la sociedad civil, pueden ser ahora escuchadas.

Agro—exportaciones vs. agricultura familiar

Una de las demandas más añejas ha sido que el gobierno invierta en la agricultura de pequeña y mediana escala. El economista nicaragüense Carlos Pacheco de la organización Irlandesa TROCAIRE explica cómo el FMI y el Banco Mundial han empujado a Nicaragua, al igual que al resto del mundo en desarrollo, a seguir un modelo de desarrollo basado en la agricultura de exportación. Este modelo elimina subsidios, crédito y otros tipos de apoyo que el estado ofrece a los pequeños y medianos productores que no producen para exportar. Al mismo tiempo, el modelo promueve una mayor dependencia de las importaciones de los productos alimenticios que requieren los propios nicaragüenses. El Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES), estima que el 96% de los 233 mil productores nicaragüenses son agricultores de pequeña y mediana escala que están excluidos de este modelo. 1

Las importaciones de alimentos en Nicaragua han aumentado a $300 millones de dólares al año. 2 A lo largo de la última década, economistas independientes, asociaciones de agricultores y organizaciones de salud han pedido que el gobierno tome medidas para alcanzar la "soberanía alimentaria", advirtiendo que tal nivel de dependencia de las importaciones hace a Nicaragua más vulnerable a sufrir periodos de hambruna y desnutrición.

Algunas de las acciones preeliminares de Ortega sugieren que el gobierno puede estar finalmente escuchando. En sus primeros días en la presidencia, Ortega anunció la creación del Programa Hambre Cero. Hambre Cero intenta aplicar a escala nacional un modelo de agricultura holística que el CIPRES desarrolló a mediados de los noventas, para revitalizar la agricultura de pequeña escala. A través de su programa de créditos revolventes, el modelo suministra a familias que practican agricultura de pequeña escala, ganado, semillas, tecnología innovadora, créditos de bajo interés y asistencia técnica con el fin de que administren una granja en la cual los desechos son eficientemente reutilizados para minimizar costos y maximizar la producción.

La experiencia ha demostrado que el modelo del CIPRES ha resultado en el incremento y la diversificación de la producción alimenticia, la cual es usada por las familias para cubrir sus propias necesidades nutricionales, y para vender los excedentes en el mercado local. De las aproximadamente 750 familias que han implementado el programa de agricultura holística en los pasados seis años, 80% han alcanzado solvencia financiera y han saldado su préstamo. La dieta promedio de las familias participantes ha crecido de 25 a 30% en cantidad y 50% en variedad, mientras que la cantidad y el precio de los productos que ellos venden en los mercados locales también se han incrementado significativamente. 3

El Programa Hambre Cero pretende reproducir el modelo del CIPRES financiando el establecimiento de 15 mil granjas holísticas al año, a lo largo de los próximos cinco años en toda Nicaragua. 4 Gustavo Moreno, del equipo técnico nacional de Hambre Cero espera que, al orientar subsidios que estimulan la producción al abandonado sector agrícola de pequeña escala, el programa pueda "erradicar el hambre y mitigar la pobreza" en el campo. Moreno también predice que, puesto que miles de familias verán incrementados los rendimientos y la calidad de sus alimentos, Nicaragua eliminará la necesidad de importar alimentos básicos dentro de los siguientes cinco años.

Aunque muchas organizaciones han aplaudido el compromiso del gobierno con el programa Hambre Cero, algunas otras han cuestionado la viabilidad de reproducir la iniciativa de relativamente pequeña escala del CIPRES a una escala nacional. Moreno admite esta dificultad, pero apunta que esta vasta operación sería administrada por varios cientos de organizaciones de la sociedad civil mas que por el estado; ya que el estado no tiene los recursos para administrar el programa. Moreno percibe en los planes para implementar Hambre Cero, una señal de que el gobierno quiere trabajar en armonía con la sociedad civil.

Autonomía escolar vs. educación gratuita

Una semana después de la puesta en marcha de Hambre Cero, el nuevo Ministro de Educación de Nicaragua, Miguel de Castilla, dio otro golpe en contra de los postulados neoliberales al declarar el fin de la "autonomía escolar." La autonomía escolar, una estructura de la educación pública impuesta consistentemente en las naciones en desarrollo a través de los programas de ajuste estructural del FMI, requiere que la mayor parte de la responsabilidad en la toma de decisiones sea transferida del gobierno a los empleados, maestros, estudiantes y padres de familia de cada escuela.

La autonomía escolar también requiere que la responsabilidad de cubrir costos, tales como el mantenimiento y las reparaciones de las escuelas, sea transferida del gobierno a los padres a través de la imposición de cuotas mensuales. Tanto asociaciones de maestros, como economistas y organizaciones de derechos humanos han mencionado que la autonomía escolar es una de las razones por las que aproximadamente 1,075,000 niños en edad escolar—más de la mitad de la población en edad escolar en Nicaragua—no asistieron a las escuelas primarias y secundarias el año pasado. 5

De Castilla ha prometido hacer nuevamente gratuita la educación pública, mediante el empleo de monitores escolares independientes que aseguren que a los estudiantes no se les exijan cuotas. Al mismo tiempo que muchos grupos apoyan el objetivo de De Castilla, también se preguntan cómo el Ministerio de Educación hará para obtener el dinero extra que se requiere para cubrir los costos que previamente eran financiados a través de las cuotas mensuales. De acuerdo al diario nicaragüense La Prensa, la suma que las escuelas autónomas colectaron en un mes de 2004, por concepto de las contribuciones de los padres, excedió el presupuesto para mantenimiento de escuelas del Ministerio de Educación de todo el 2006. 6

En años anteriores, la imposición de un tope para el gasto público nicaragüense por parte del FMI, además de la reticencia del gobierno para redistribuir fondos, ha obstaculizado las peticiones de la sociedad civil de dirigir más recursos al presupuesto educativo. De acuerdo con Mario Quintana, enlace nacional de la Coordinadora Civil que agrupa a más de 600 organizaciones de la sociedad civil, "Financiar educación que sea accesible a la población no ocurrirá de inmediato. Tener recursos suficientes en el presupuesto para financiar educación significaría una transformación completa de las prioridades nacionales, e implicaría renegociar con el FMI."

Al tiempo que la nueva administración comienza platicas con el FMI, grupos como la Coordinadora Civil esperan ansiosamente para ver si el gobierno negociará exitosamente más fondos para la educación, o una vez mas serán restringidos por un techo financiero para el gasto social impuesto por el FMI.

Agua privatizada vs. agua como un recurso humano

De Castilla no es el único nombramiento gubernamental reciente que refleja las críticas de la sociedad civil al neoliberalismo. En enero, Ortega mandó un claro mensaje al escoger a Ruth Herrera para encabezar la empresa pública de agua de Nicaragua, ENACAL. Como co—fundadora y directora de la Red de Defensa de los Consumidores Nicaragüenses, Herrera ha fungido como la vocera de facto del amplio movimiento en contra de la privatización de los servicios públicos nicaragüenses.

A exigencia del FMI—el cual ha usualmente condicionado su ayuda a cambio de la privatización de los servicios—Nicaragua vendió la distribución pública de la electricidad en el año 2000. En 2001 ésta privatizo su industria de telecomunicaciones al vender el 40% a Megatel, y posteriormente vendió las acciones restantes a America Movil en 2004.

Aunque la electricidad fue vendida bajo la premisa de obtener tarifas más bajas, mejor servicio y más amplia cobertura, desde el 2000 el país ha experimentado incrementos en las tarifas, apagones diarios que duran de cuatro a doce horas, y una cobertura pobre en áreas rurales. En agosto pasado, al tiempo que organizaciones vecinales organizaban campañas de no—pago contra la compañía eléctrica española Unión FENOSA, el Contralor General declaró que el contrato de la compañía debería ser nulificado por incumplimiento.

Herrera ha sido directa no solamente en condenar el resultado de la privatización de la distribución de la electricidad, sino también en denunciar intentos por "debajo de la mesa" para privatizar la distribución del agua. En conjunto con sus colegas de la Red de Defensa de los Consumidores, ella interpuso una apelación para detener la implementación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que implicaba vender parcialmente el servicio de distribución de agua. Herrera ayudó a elaborar el borrador de la Ley General de Aguas que, si es aprobada, asegurará la propiedad pública indefinida de ENACAL, y criticó duramente a la administración saliente de ENACAL por intencionalmente mal administrar la compañía con el pretexto de privatizarla.

Muchos analistas, incluyendo la misma Red de Defensa de los Consumidores, consideran el nombramiento de Herrera en ENACAL como una señal de que la administración Ortega intenta respetar el clamor general de que los servicios de agua de Nicaragua permanezcan en manos del estado.

Incentivos para la inversión vs. derechos de los trabajadores

El nombramiento de Jeaneth Chavez como Ministra del Trabajo es otra acción vista como respuesta a las presiones de la sociedad civil. Chávez, además de ser co—fundadora de la Red de Defensa de los Consumidores junto con Herrera, ha trabajado también en la defensa de los derechos laborales la mayor parte de su vida como abogada laboral. Miguel Ruiz, secretario de Relaciones internacionales del CST—JBE, una confederación de sindicatos de maquiladoras, hace notar que Chávez "ha sido asesora legal, no de los grandes negocios sino de los trabajadores".

Ruiz percibe el nombramiento de Chávez como una respuesta a años de demandas de los sindicatos y grupos de derechos humanos por controlar las rampantes violaciones a los derechos humanos en el sector maquilador de Nicaragua. Angel Ávalos, el recientemente despedido secretario general de un sindicato en una maquiladora establecida en Granada, menciona que los abusos más frecuentes en las maquiladoras son: la represión en contra de trabajadores que organizan o se unen a sindicatos, las condiciones de trabajo insalubres e inseguras, la agresión física y verbal, negar la licencia por maternidad, y fallas para asegurar el servicio de salud obligatorio. A pesar de la persistencia de estas violaciones, el CAFTA prioriza la expansión del sector maquilador como la vía para alcanzar el crecimiento del empleo y el desarrollo general de Nicaragua.

Irela Alemán, una abogada laboral del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, tiene la esperanza de que, ante la entrada de más maquiladoras a Nicaragua bajo los preceptos del CAFTA, Chávez asumirá una posición firme para hacer que las fábricas cumplan con la ley laboral nicaragüense. Chávez ha mencionado públicamente que ella hará cumplir la ley mediante inspecciones más rigurosas de las plantas y, de manera más asertiva, señalando las violaciones a ser corregidas. Sin embargo, cuando funcionarios del pasado Ministerio del Trabajo han intentado hacer cumplir la ley nicaragüense y han persuadido a las fábricas de recontratar a sindicatos ilegalmente proscritos o a pagar deudas a trabajadores, las fabricas públicamente han amenazado con abandonar Nicaragua para asentarse en países con leyes laborales más laxas.

Temiendo perdidas significativas de fuentes de empleo, el Ministerio del Trabajo ha sucumbido frecuentemente a las amenazas de las maquiladoras y ha permitido que las violaciones continúen con impunidad.

Ruiz y Alemán esperan que Chávez sea capaz de insistir en el cumplimiento de la ley y de evitar la fuga de maquiladoras. Actualmente, Alemán no prevé una fuga de fábricas, argumentando que "En tanto los salarios de los trabajadores permanezcan bajos, las maquiladoras se quedaran."

Aun así, los salarios por si mismos pueden volverse un punto de desacuerdo en el futuro cercano. A finales de enero, Gustavo Porras, cabeza del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), propuso que el salario mínimo se duplicara, dado que el actual costo de vida es más de dos veces el salario mínimo promedio de 1,400 córdobas, o US$77, al mes.

Chávez estuvo de acuerdo en que "el salario mínimo está realmente muy por debajo del costo de vida." Y más tarde anunció que el salario mínimo seria negociado en las siguientes semanas. 7 Si se adopta un incremento significativo al salario, y Chávez lo hace cumplir, la permanencia del sector maquilador nicaragüense podría pender de un hilo. El asunto del salario mínimo puede revelar dos escenarios. Ya sea que el Ministerio del trabajo ponga en peligro la inversión de la maquila al favorecer una justa remuneración al salario, o que continúe ofreciendo a los inversionistas extranjeros el suministro de mano de obra barata.

En tanto no hay certidumbre acerca de la dirección de este nuevo gobierno, amerita atención que dentro de la primera semana de haber tomado posesión, la administración Ortega anunció el fin de la política de autonomía escolar impuesta por el FMI, el inicio del programa para revitalizar la agricultura de pequeña escala, y nombró a una activista anti—privatización para encabezar el organismo público de agua, y a una activista de los derechos humanos para comandar el Ministerio del Trabajo. Al mismo tiempo, puede afirmarse que estos cambios políticos no fueron la creación de ningún político o partido político. Son el resultado de un creciente consenso entre la sociedad civil ¾ cada vez mas respaldado por la presión pública ¾ de que el modelo neoliberal, promovido por los Estados Unidos, únicamente ha empobrecido más a Nicaragua.

El gobierno estadounidense y el FMI han evitado hacer comentarios acerca de las acciones iniciales de la administración Ortega, esperando evidencias más concretas acerca del camino que el nuevo gobierno planea tomar. En tanto las evidencias salen a la luz, Witness for Peace continuará monitoreando las respuestas del gobierno de Estados Unidos y del FMI con la esperanza de que éstos eviten inmiscuirse como lo han hecho a lo largo de los últimos dos meses.

¿Serán las iniciativas de desarrollo de la sociedad civil nicaragüense finalmente respetadas? ¿O la interferencia externa intentará una vez mas anular las propuestas de Nicaragua para su propio desarrollo? Esperamos y abogamos para que la primera tenga una respuesta positiva.

Notas

1. CIPRES. "Los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios en Nicaragua." Junio 2006.

2. Moreno, Gustavo. Programa Hambre Cero. Entrevista personal. 7 de febrero de 2007.

3. Villanueva, Rider. CIPRES. Entrevista personal. 12 de febrero de 2007.

4. Moreno, Gustavo. Programa Hambre Cero. Entrevista personal. 7 de febrero de 2007.

5. Pérez, Arlen. "Un Millón Fuera de Aulas." La Prensa . 31 de enero de 2006. 9 de febrero de 2007   http://www—ni.laprensa.com.ni/archivo/2006/enero/31/nacionales/nacionales—20060131—15.html

6. Pérez, Arlen. "Anuncian Fin de Autonomía Escolar." La Prensa. 8 de enero de 2007. 9 de febrero de 2007 http://www—ni.laprensa.com.ni/archivo/2007/enero/08/noticias/nacionales/166093.shtml . Esta estadística asume que a cada estudiante de una escuela autónoma se e cobró una cuota mensual promedio de 10 córdobas, o $0.55 dólares.

7. Cerda, Arlen. "Propuesta de FNT Traería Desempleo." La Prensa. 29 de enero de 2007. http://www—ni.laprensa.com.ni/archivo/2007/enero/29/noticias/nacionales/170119.shtml .