Durante los últimos años, hemos enfrentado dos retos importantes a la hora de concebir una nueva política exterior hacia América Latina. El primero es la relativa falta de interés en la región, tanto por parte del gobierno como del público. La segunda es la creciente fricción entre las estrategias de la actual administración que buscan una hegemonía global y los gobiernos y tendencias en América Latina, que van hacia una mayor independencia y nuevos modelos.

El siguiente informe de políticas públicas sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina examina los principales procesos en América Latina y el Caribe y la política estadounidense en la región. Concluye con algunas líneas generales a seguir para llegar a una política más constructiva de Estados Unidos en la región, sobre la línea de la “Ética de la Buena Vecindad Global para la Política Estadounidense”.

I. Por qué importa América Latina

En los últimos cinco años, Estados Unidos ha prestado relativamente poca atención a América Latina. Desde el 11 de septiembre, los generadores de políticas públicas, los medios y el público estadounidense se han concentrado en el Medio Oriente y los países musulmanes. Con la invasión de Irak en 2003, la política exterior, si bien ganó atención del público, casi se ha convertido en un sinónimo del debate sobre la ocupación de ese país y de las deterioradas condiciones para la paz en Medio Oriente.

Estados Unidos todavía mantiene un particular sentimiento de hegemonía sobre su “exterior cercano” o patio trasero. Pero en una era de guerra global contra el terrorismo, de integración económica global y de comunicaciones globales, la proximidad geográfica ha perdido relevancia en la priorización en la agenda de las relaciones internacionales. Como la única superpotencia desde la desintegración del bloque soviético, Washington ha llegado a ver el globo entero como su dominio natural.

Un resultado de este alcance global es que se da menos importancia a las relaciones con América Latina que a las naciones con más recursos estratégicos, especialmente petróleo, con mayores réditos para las inversiones, mayor importancia geopolítica y que ofrecen mayores mercados de consumo.

El problema para Latinoamérica es que la falta de una política coherente ha llevado a políticas temporales y dispersas, más reactivas que proactivas. Estas políticas, al tiempo que caen dentro del marco erróneo de la Doctrina de Seguridad Nacional, no están basadas en un análisis cuidadoso y amplio de la región y no toman en cuenta las necesidades de los distintos países. Más bien, hay frecuentes contradicciones entre las distintas áreas de políticas públicas—operaciones contra el narcotráfico, ayuda al desarrollo, antiterrorismo, restricción a la inmigración, liberalización del comercio—y éstas no toman en consideración objetivos de políticas públicas más amplias en la región.

Históricamente, las razones de que América Latina adquiriera cierta relevancia en los intereses de Estados Unidos—intereses definidos por la elite gobernante—han cambiado. América Latina y el Caribe estuvieron tradicionalmente vinculados a Estados Unidos por la geografía. A principios del siglo XIX, el gobierno estadounidense instituyó la Doctrina Monroe para asegurar que el hemisferio occidental quedara fuera del dominio de las potencias coloniales y mercantilistas. De esta forma, aseguró tanto sus intereses como su hegemonía sobre la región. El propósito no era solamente meter a las nuevas naciones dentro de su esfera, sino sacar a otras. Esto sirvió tanto a sus intereses en materia de seguridad como a sus objetivos económicos.

La Guerra Fría dictó un nuevo conjunto de objetivos, orientados hacia la eliminación de lo que se definió como “amenaza comunista”. Pero desde el fin de la Guerra Fría y el principio de la “guerra global contra el terrorismo”, América Latina ha ocupado un lugar muy bajo en la lista de prioridades de la política exterior estadounidense en relación con otras partes del mundo. Las viejas razones de la proximidad, de la derrota del comunismo, del sostenimiento de una hegemonía regional, han dejado paso a nuevas y más complejas formas de injerencia.

Para muchos de los que han analizado con fuentes de primera mano las políticas estadounidenses que fomentaron guerras civiles, apoyaron a dictadores militares o ayudaron a derrocar gobiernos electos, el desdén podría parecer una actitud positiva en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Sin embargo, Estados Unidos sigue ejerciendo fuertes lazos hegemónicos en la región, sea a través de su presencia militar, de acuerdos del tipo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o de dictados de las instituciones financieras internacionales (IFI), dominadas por Estados Unidos. América Latina sigue siendo un área crucial para Estados Unidos. Más aún, tendencias políticas recientes la han puesto directamente en el centro de los debates más importantes sobre la política exterior estadounidense y sobre el curso de la globalización. Las naciones latinoamericanas han cuestionado los esfuerzos del gobierno estadounidense para militarizar las relaciones internacionales bajo una agenda antiterrorista que no refleja la realidad de la región, y han protestado cada vez con más fuerza contra el modelo neoliberal.

En esta coyuntura, basar una alternativa a la actual política estadounidense en la región en una agenda negativa—que Estados Unidos no haga nada en América Latina—reflejaría mucha cortedad de miradas, y en última instancia no sería más que una posición defensiva. Aunque la atención sobre la región ha sido esporádica, los conservadores han desarrollado, desde hace una década, una agenda de política internacional comprehensiva y de largo plazo, centrada en la hegemonía global de Estados Unidos. Para contrarrestar la agenda de la presencia militar, la intervención, los privilegios corporativos y la creciente brecha entre ricos y pobres, nosotros también debemos desarrollar una agenda más comprehensiva.

Lo que está claro es que en el mundo globalizado de hoy, Estados Unidos y América Latina siguen inextricablemente unidos, y en algunos aspectos aún más que antes. El enorme mercado estadounidense, los siempre crecientes mercados latinoamericanos para los bienes estadounidenses, el tráfico internacional de drogas, la inmigración: todo muestra la relación estratégica que hay entre las dos regiones.

También está claro que muchos países latinoamericanos están dando pasos para enfrentar muchas de las peores desigualdades de la globalización corporativa y de su herencia colonial. Una política exterior estadounidense que apoye, en vez de obstaculizar, estas iniciativas, y que respete firmemente el derecho a la autodeterminación, podría llevar a nuestras naciones a una comunidad común de valores, basada en el desarrollo sustentable, la democracia incluyente y la paz.

II. Un giro continental: Tendencias en América Latina

A pesar de los hechos más dramáticos que han ocurrido en otras partes del mundo, América Latina atrae la atención internacional en cada vez más ocasiones. Esta vez no ha sido por crisis, como los colapsos económicos que sacudieron el continente cuando ocurrió la devaluación del peso mexicano en 1995 o la implosión de la economía argentina en 2001. En esta ocasión, la región ha llegado a los titulares por un nuevo e inesperado liderazgo político que en algunos casos pasa a la escena global.

Del liderazgo de Brasil al frente de los países en desarrollo en los foros internacionales, a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, al nuevo presidente indígena boliviano, algo nuevo está pasando en el continente. En los primeros años del siglo, cuatro países (Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia) han cambiado gobiernos conservadores y económicamente ortodoxos por gobiernos de centro izquierda, y México bien podría seguir ese camino en las elecciones presidenciales de julio del 2006.

Los movimientos populares contra la privatización de los servicios básicos, el control transnacional sobre los recursos naturales, la exclusión de los pobres y de las poblaciones indígenas de los beneficios de la integración económica han hecho caer algunos gobiernos, sacudido otros y forzado a las poderosas corporaciones a retroceder.

Estas nuevas tendencias son mucho más complicadas que la simple colocación de naciones en una simple línea ideológica, y si bien la tendencia a rechazar o modificar la hegemonía estadounidense en el continente es positiva, hay también contradicciones, excepciones y tendencias veladas. El gobierno laborista brasileño, a pesar de sus orígenes izquierdistas y su compromiso con los movimientos sociales, ha adoptado estrategias económicas y financieras bastante ortodoxas. El presidente venezolano Hugo Chávez, en muchas ocasiones el crítico más vehemente del gobierno estadounidense, tiene lazos económicos y políticos muy extensos con el vecino del norte. Y muchas naciones, en lugar de moverse fuera de la esfera de influencia de Estados Unidos, han entrado en acuerdos de libre comercio y han cooperado voluntariamente con la presencia militar estadounidense en la región.

Sin embargo, el movimiento a la izquierda de importantes países latinoamericanos ha llevado a una situación en el continente que ha separado al sur del norte. El giro ideológico de muchos de sus vecinos del sur irrita a la conservadora administración Bush y ha galvanizado a algunos elementos dentro de la administración que quieren usar métodos más ásperos para reprimir a los gobiernos y movimientos que no estén de acuerdo con ellos.

En el otro lado, las naciones latinoamericanas han reaccionado con fuerza a la agenda de Bush en torno de la hegemonía sobre la región y, desde la invasión de Irak, el sentimiento antiestadounidense ha ido creciendo. Los partidos conservadores, aliados cercanos de la elite tradicional y de los intereses extranjeros, han sido duramente golpeados en la región. Su fracaso en las últimas décadas para resolver los crecientes problemas de pobreza, desigualdad y corrupción no han pasado desapercibidos entre la población.

El concepto de un hemisferio occidental bajo el mando de Estados Unidos está siendo desafiado. El fortalecimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur) como alternativa a la ya fracasada Área de Libre Comercio de las Américas, la reciente formación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y la Alternativa Bolivariana de Hugo Chávez, representan por lo menos intentos de crear un contrapeso a la hegemonía estadounidense en la región. Lideradas por el gobierno venezolano, rico en petróleo y de retórica muy cargada, las naciones del sur están construyendo puentes que los vinculan directamente en vez de tener que pasar por Miami, Houston o Washington. Más aún, están diversificando sus lazos económicos, con Europa y, cada vez más, con China como actores importantes. Esto cambia el camino de la globalización y del control en la región, aún cuando muchas de las doctrinas básicas siguen intactas.

Además, un mayor liderazgo político independiente presenta un nuevo panorama para la democracia en la región. La presidencia de Evo Morales enfrentará el desafío de gobernar a favor de los marginados y de la población indígena. Se enfrenta a un país muy endeudado y muy pobre, con poco margen para maniobrar entre las expectativas populares y las obligaciones internacionales. En el pasado, este dilema ha hecho caer gobiernos, derrocados por movimientos populares muy fuertes. Funcionarios del gobierno estadounidense ya han criticado a Morales y las reformas que ha propuesto, que pararían los programas de erradicación de la hoja de coca, aumentarían el control del Estado sobre la producción de energía y sobre la extracción de recursos naturales.

Hasta qué grado la distancia entre la política exterior de Estados Unidos y las tendencias en América Latina podrían llevar a un conflicto abierto es una de las grandes cuestiones que enfrentarán los generadores de políticas públicas el año que viene. La respuesta dependerá en buena medida del compromiso de los ciudadanos estadounidenses en la política exterior y en nuestra habilidad no sólo para bloquear intentos intervensionistas, sino también para construir un marco político alternativo. La Ética de la Buena Vecindad Global busca ofrecer este marco.

Principios de Buena Vecindad Global

Principio Uno: El primer paso hacia una buena vecindad es dejar de ser un mal vecino.

Principio Dos: La agenda de política exterior de nuestra nación debe vincularse a la amplitud de los intereses de Estados Unidos. Para ser eficaz y obtener respaldo del público, una nueva agenda de política exterior debe trabajarse en conjunción con reformas internas de política pública que mejoren la seguridad, la calidad de vida y los derechos básicos en nuestro país.

Principio tres: Dado que nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestro bienestar están interconectados con los de otros pueblos, la política exterior estadounidense debe basarse en la reciprocidad y no en la dominación, en un bienestar mutuo y no en una competencia atrabiliaria, en la cooperación y no en la confrontación.

Principio cuatro: Siendo la potencia más destacada del mundo, se trabajará mejor en favor de Estados Unidos si se ejerce un liderazgo y una asociación global responsable en vez de buscar la dominación global.

Principio cinco: Una eficaz política de seguridad debe tener dos patas. Una seguridad nacional genuina requiere de militares bien entrenados, capaces de repeler los ataques a nuestro país, pero también requiere un compromiso proactivo por mejorar la seguridad personal y nacional mediante medidas no militares y la cooperación internacional.

Principio seis: El gobierno estadounidense debe apoyar el desarrollo sustentable, primero en casa y luego en el exterior, mediante sus políticas macroeconómicas, de comercio, inversión y asistencia.

Principio siete: Una vecindad global próspera y pacífica depende de un ejercicio del gobierno, una gobernancia, que sea eficaz, a nivel nacional, regional e internacional. Un eficaz ejercicio del gobierno debe contemplar la rendición de cuentas, la transparencia y la representatividad.

Sostenemos que, de seguirse estos principios, el fin de la hegemonía estadounidense no es una amenaza sino una oportunidad para crear relaciones más igualitarias y respetuosas en la región.

III. La política estadounidense actual y por qué debería cambiar

Desde el arranque de la administración Bush, en enero de 2001, su equipo de política exterior se ha dado a la tarea de consolidar su posición dominante en los asuntos internacionales, a través de una combinación de estrategias agresivas en las esferas militar, diplomática y económica. Pero este ambiguo plan para ejercer el poder como única superpotencia global a través de la dominación militar global, el cambio de régimen, alianzas del tipo de la “coalición de los dispuestos”, y la extensión de acuerdos comerciales al estilo TLCAN, se ha estrellado contra un muro de resistencia interna e internacional.

En ningún lado ha sido tan obvio este choque como en América Latina y el Caribe. Aunque considerada originalmente como el campo de pruebas para un Nuevo Siglo Americano, en vez de consolidar el control sobre la región, el gobierno de Bush ha visto con consternación cómo América Latina ha salido de su órbita y rechaza cada vez más los lineamientos de una Pax Americana bajo una hegemonía estadounidense aceptada sin titubeos.

Los intentos para romper esta hegemonía son vistos como muy poco positivos por la administración Bush, lo que ha llevado a cada vez mayores fricciones en las relaciones. A pesar de las crecientes críticas a las recetas económicas estadounidenses y a su política internacional, en vez de flexibilizar sus posiciones, la administración ha mostrado una actitud de soberbia imperial. Aunque no ha retrocedido a la diplomacia del acorazado de Teddy Roosevelt o a las intervenciones para crear “Estados de seguridad nacional” de la Guerra Fría, la administración Bush se ha inmiscuido repetidamente en la política local de países latinoamericanos y ha intentado forzar a los países latinoamericanos y caribeños a seguir sus lineamientos.

Sea en la invasión a Irak, en la política comercial, en la impunidad para sus soldados en la Corte Penal Internacional o quién deba ser el líder electo, la administración Bush ha exigido lealtad hacia su propia agenda. La jefa del Departamento de Estado Condoleezza Rice ha llamado a este enfoque “diplomacia transformacional”, refiriéndose al derecho que se abrogó la administración de transformar las políticas domésticas de otras naciones para reflejar sus intereses.

Los ejemplos de esta “diplomacia transformacional” en acción durante los últimos cinco años incluyen:

• El uso de la ayuda a la democracia a través del Fondo Nacional para la Democracia, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la diplomacia estadounidense para apoyar el derrocamiento del presidente electo de Haití Jean Bertrand Aristide, en 2004.
• El uso de la ayuda política y la diplomacia estadounidense para apoyar varios intentos de derrocar al presidente electo Hugo Chávez en Venezuela, incluyendo al menos un apoyo implícito al intento de golpe en 2002 y el apoyo activo al fracasado referéndum en 2003.
• La negativa de apoyo militar a países que no ofrezcan impunidad para los soldados estadounidenses desplegados en su territorio, minando con ello la credibilidad de la Corte Penal Internacional.
• Ataques a las naciones que no apoyan las posiciones de Estados Unidos en los foros internacionales, como la posposición del acuerdo de libre comercio con Chile después de que Chile se negara a apoyar los planes estadounidenses de invadir Irak en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
• Intentos de forzar la elección de uno de sus candidatos (primero el salvadoreño Francisco Flores y luego el mexicano Luis Ernesto Derbez) como secretario general de la Organización de Estados Americanos.
• Un férreo embargo económico contra Cuba, a pesar de la legislación internacional, al tiempo que se estableció una comisión y un fondo especial para dar forma a la transición política post-castrista.
• Declaraciones públicas de funcionarios del Departamento de Estado para advertir a los votantes en El Salvador, Nicaragua y Bolivia de que la elección de ciertos candidatos pondría en peligro las buenas relaciones con ese país, con obvias implicaciones en la continuación de las preferencias en ayuda y comercio.
• Apoyo para el plan de contrainsurgencia de línea dura del presidente colombiano Álvaro Uribe, al tiempo que no se apoyan los canales pacíficos para resolver el conflicto o para que los líderes de las unidades paramilitares desmovilizadas queden en manos de la justicia por los crímenes cometidos, en muchas ocasiones, en coordinación con el ejército colombiano, apoyado por Estados Unidos.

En el área de seguridad, ahora la ayuda militar sobrepasa la ayuda económica a América Latina y el Caribe, y el Comando Sur estadounidense (Southcom, por su nombre en inglés) se ha convertido en el principal interlocutor en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Desde que se desató la “guerra global contra el terrorismo”, Southcom ha reconfigurado su misión para incluir el contraterrorismo como su objetivo prioritario, a pesar del hecho de que no hay ninguna amenaza terrorista antiestadounidense en la región.

Bajo el paraguas del contraterrorismo, los militares han asumido el liderazgo en la política estadounidense hacia América Latina y en la identificación de las tendencias políticas, económicas y militares en la región que ponen en riesgo el control hegemónico de Estados Unidos. El Pentágono ahora ve cualquier acción que contrarreste la agenda estadounidense en comercio, seguridad o gobernabilidad—venga de gobiernos o de movimientos sociales—como amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Además, el Pentágono apoya la cooperación conjunta con las fuerzas armadas de la región para enfrentar nuevas preocupaciones de seguridad pública resultantes del crimen relacionado con las drogas o las pandillas a todo lo largo de la región, de forma muy notoria en América Central.

El fortalecimiento de lo militar aleja la democracia y trae de vuelta la tentación de tendencias autoritarias en países que todavía no han consolidado instituciones democráticas después del periodo de dictaduras militares en los setenta y ochenta. El hecho es que ni los gobiernos ni los movimientos sociales en América Latina y el Caribe representan ninguna amenaza actual contra la seguridad nacional estadounidense.

Sí existen grupos armados de izquierda y de derecha en América Latina, sobre todo en Colombia, pero estas organizaciones ilegales no tienen ambiciones extraterritoriales y, por ello, deberían ser de la exclusiva competencia de los gobiernos de esas naciones y no del aparato de seguridad estadounidense. De igual manera, múltiples amenazas a la “seguridad humana” de los pueblos en América Latina y el Caribe persisten, pero estas amenazas no militares—llamadas amenazas “no tradicionales”, “emergentes” o “multidimensionales”—no amenazan la seguridad estadounidense y deberían ser enfrentadas primordialmente, si no es que exclusivamente, con medidas no militares.

Junto con la creciente participación del gobierno estadounidense en la región a través de lo militar, ha habido una campaña activa para usar la política económica como una herramienta paralela para consolidar la hegemonía estadounidense. Al intentar estandarizar las relaciones comerciales bajo el modelo del TLCAN, utilizar la ayuda para fomentar dependencia y forzar la apertura de mercados y condicionar las finanzas internacionales a través de las organizaciones financieras multilaterales, Estados Unidos impulsa sus propios intereses y no toma en cuenta los de la región.

Latinoamérica enfrenta serios retos en materia de desarrollo. El crecimiento en la región ha estado acompañado por una continuidad de la pobreza y el desempleo y una salida neta de capital. Pocos sectores y sólo un puñado de familias se benefician del aumento en las inversiones y el comercio exterior. Entretanto, la pobreza ha aumentado de 200 millones de personas en 1990 a 222 millones en 2004. En la región 185 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios y cuatro países—Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua—forman parte del poco envidiable club de los Países Pobres Altamente Endeudados. La región padece un desempleo superior al 10 porciento, sin tomar en cuenta la emigración forzada, la falta de empleos en el sector formal y metodologías estadísticas notorias por rebajar las cifras. Para llegar a las Metas de Desarrollo del Milenio, el PIB per capita debería crecer un 2.9 porciento cada año hasta el 2015, algo que sólo ha ocurrido en dos ocasiones desde 1995.

Según el Banco Mundial, América Latina es el continente más desigual del mundo. La medida más aceptada para la desigualdad, el índice de Gini, arroja resultados altos en casi todos los países latinoamericanos, donde, en promedio, el 10% de la población tiene el 36% del ingreso y el 40% más bajo menos del 14%.

La falta de crecimiento sostenido y la incapacidad para abatir la pobreza y el desempleo muestran que algo en el modelo actual de crecimiento ligado al comercio no está funcionando a favor de la mayoría de los latinoamericanos. A pesar de esto, el actual discurso sobre “libre comercio” de la administración Bush promueve una ecuación simple entre comercio, desarrollo y democracia. El gobierno estadounidense ha lanzado una ofensiva de grandes dimensiones para imponer acuerdos de tipo TLCAN en todos los países del hemisferio. Incapaces para lograr esto de una sola vez con el Área de Libre Comercio de las Américas, las negociaciones actuales se centran en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) y el Tratado Andino de Libre Comercio (TALC), ambos modelados de forma muy similar al TLCAN.

Una Ética de Buena Vecindad pone la sustentabilidad, en casa y en el exterior, como la meta más alta de la política económica. Sin embargo, la reforma de las políticas, impuesta por Estados Unidos ya sea a través de acuerdos de libre comercio o de las condiciones requeridas por las IFI en sus dictámenes, son responsables en gran medida del hecho de que las economías latinoamericanas estén siendo restructuradas a la fuerza en formas que no son sostenibles. La dependencia en la exportación de productos del sector primario y los recursos naturales representa un regreso a un desarrollo económico “sin salida” y un paso hacia atrás en el desarrollo de una industria nacional. Muchas de las industrias con valor añadido han sido remplazadas por la explotación de materias primas o por plantas de ensamblaje deslocalizadas. La producción nacional, particularmente las pequeñas y medianas empresas, ha sufrido.

Además, al descartar políticas nacionales que darían un mayor papel al Estado respecto de los recursos no renovables, incentivando la “ventaja comparativa” del trabajo barato que devalúa los salarios y explota la desesperación y la discriminación de género, y al extender modelos de alta productividad de la agricultura de exportación, que ignoran las reglas del uso sustentable del agua y los químicos, la política económica de Estados Unidos está construyendo una arquitectura insostenible que beneficia a pocos y empobrece a los más, especialmente a las generaciones futuras.

Nuestro país enfrenta los mismos problemas que nuestras políticas promueven en América Latina. Al asignar la planeación y reparto de recursos casi exclusivamente a las fuerzas del mercado, hemos desencadenado una serie de contradicciones y problemas con impactos de largo plazo. La nueva tecnología agraria ha llevado a cosechas récord, pero también trajo problemas muy significativos de contaminación del agua y la tierra, de erosión, de mayor vulnerabilidad de la oferta de alimentos debida a los monocultivos, al control oligopólico y a los desequilibrios del mercado consecuencia de la sobreoferta.

La deslocalización ha llevado a que se pierdan empleos estadounidenses y a una presión hacia el fondo sobre los derechos laborales y sus beneficios. La dependencia en combustibles fósiles ha dictado políticas que son ambiental y políticamente peligrosas, incluyendo la excavación en ecosistemas frágiles, alianzas políticas con Estados no democráticos y acciones agresivas para asegurar el suministro exterior de petróleo. Cuando el modelo es impuesto a economías extranjeras más frágiles, como la latinoamericana, los riesgos son todavía mayores.

Ni líder ni socio

En los últimos cinco años, esta política exterior tan ideologizada que ha seguido Estados Unidos en América Latina ha resultado contraproducente. Las encuestas entre la opinión pública muestran una abrumadora desaprobación de las políticas estadounidenses. Bajo la administración Bush, el enfoque ideológico y autoreferenciado sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina ha minado severamente la posición del país como un líder regional e inclusive como un socio deseable.

Pero aunque el presidente Bush, la jefa del Departamento de Estado Rice, el Secretario de Defensa Rumsfeld y los negociadores comerciales estaban alarmados por la vehemencia del sentimiento antiestadounidense durante su último viaje a la región, hay pocos signos de que la administración Bush esté dispuesta a alterar sus posturas tan rígidas sobre los caminos que seguirán las políticas de desarrollo y seguridad.

En vez de tomar en cuenta las críticas a políticas anteriores—en gran medida vendidas con medias verdades a las naciones latinoamericanas por el gobierno estadounidense, economistas entrenados en Estados Unidos y las IFI, incluyendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial—Washington ha condenado las protestas diciendo que son “populismo radical” que amenaza con desestabilizar toda la región. En un regreso a la lógica de la Guerra Fría, miembros de la administración han responsabilizado a agentes externos por los movimientos de izquierdas, especialmente a Chávez, a quien se culpó por el ascenso de Evo Morales en Bolivia. El miedo de que el rechazo del neoliberalismo y el conservadurismo afecten a los intereses estadounidenses y erosionen su control hegemónico sobre el hemisferio ha llevado a Washington a asumir posturas petulantes y defensivas. Desafortunadamente, Washington no ha reconocido que ésta es una oportunidad para cambiar el curso y buscar construir relaciones más cooperativas y de vanguardia.

El futuro inmediato no promete mucho. Hay razones para pensar que sin un cambio de curso, el actual modelo de integración económico enfrentará crisis cada vez más frecuentes. Las tasas de crecimiento de 2005 son inferiores a las de 2004, con predicciones de que habrá más desaceleración en 2006. Inclusive Chile—el alumno ejemplar del modelo neoliberal—tiene un creciente movimiento contra el modelo y las desigualdades que ha producido.

Uno de los factores más importantes será el frágil estado de la misma economía estadounidense. Confrontada con un comercio insostenible, un dólar cada vez más débil y déficits presupuestarios, es muy posible que la economía estadounidense se ralentice y enfrente duros reajustes en los próximos años. Entre los impactos en América Latina estarán la reducción de la demanda en el mercado junto con un mayor sentimiento proteccionista. Los altos precios de los energéticos ya están afectando gravemente a la región, con la excepción de los pocos países ricos en energía, notablemente Venezuela.

Hoy, muchos movimientos populares y los nuevos gobiernos de centro izquierda en América Latina emprenden programas sociales más cercanos al Nuevo Trato de Franklin Delano Roosevelt (FDR) que al Consenso de Washington.

La administración Bush, sin embargo, no muestra signos de que cambiará el curso. Una Política del Buen Vecino Global interpretaría las nuevas actitudes latinoamericanas como una llamada para reexaminar el actual modelo de integración económica y adoptar una mayor flexibilidad.

Si el gobierno estadounidense insiste en imponer medidas de acceso al mercado que dislocan la producción local, reducen los apoyos gubernamentales, protegen estrictamente las inversiones e imponen derechos de propiedad intelectual que limitan los programas de salud pública, hay graves riesgos de que se dañen las economías más frágiles al obstruir el desarrollo económico nacional dirigido a mejorar la calidad de vida de una mayoría que ha sufrido mucho.

De igual manera, un enfoque que siga la lógica del Buen Vecino Global en la reforma de la política de seguridad resaltaría la no intervención, siguiendo el ejemplo del presidente Franklin Roosevelt cuando lanzó la política del Buen Vecino y sacó las tropas estadounidenses de la cuenca del Caribe. Incluye una llamada a parar la ayuda militar que no sólo responde a una nueva definición de los parámetros de intervención estadounidense sino que también reconoce que expandir el poder militar más allá de las miras estrictamente defensivas es en la mayoría de las ocasiones una medida desestabilizadora y antidemocrática. Involucrar a los militares en los esfuerzos domésticos que no estén relacionados con la defensa nacional—incluyendo actividades antinarcóticos y tráfico de migrantes—aviva el miedo a un regreso del control y la represión militares.

Como la decisión de FDR de terminar con tres décadas de diplomacia del acorazado, el fin de la presencia militar estadounidense en la región es un paso radical. Sin embargo, es la única forma de establecer los cimientos de relaciones más cooperativas y productivas.

El gobierno estadounidense debería mostrar un compromiso de que será un mejor vecino tomando pasos concretos en casa, específicamente reenfocando a los militares de Estados Unidos en la defensa nacional y terminando las operaciones que obligan a las fuerzas de tarea estadounidenses a involucrarse en campañas contra flujos migratorios, producción, tráfico y uso de drogas, y actividades mafiosas. Estas actividades son combatidas de forma más eficiente con programas y políticas no militares. Washington debería usar los foros multilaterales para impulsar un proceso de desmilitarización a todo lo largo del hemisferio y para resolver disputas o amenazas pendientes.

Mientras los generadores de políticas públicas intentan mejorar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, deben buscar nuevos modos de enfrentar de forma más constructiva las tendencias políticas antes mencionadas, deben estar dispuestos a abandonar o modificar significativamente las políticas erróneas del pasado, además de buscar soluciones conjuntas con sus contrapartes regionales para enfrentar la polarización económica y social en América Latina y el Caribe, cada vez más profunda.

IV. Hacia una ética de la buena vecindad en América Latina

Hay un precedente para parar una política exterior fuertemente imperialista y militarista. El Política del Buen Vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt dio un fuerte giro a una nación alimentada con tres décadas de diplomacia del acorazado, ocupaciones militares y racismo. En su discurso inaugural de 1934, FDR pidió un enfoque completamente distinto de las relaciones internacionales—en vez del imperialismo y la arrogancia, el respeto y la ética de la buena vecindad. (Vea “La Política del Buen Vecino: Una historia de otra visión de la política exterior de Estados Unidos, en http://www.ircamericas.org/esp/2866).

La Política del Buen Vecino contenía iniciativas culturales, diplomáticas y económicas. Rápidamente llevó a una mejoría drástica de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos en el periodo de entreguerras.

Hoy enfrentamos, una vez más, la opción entre imponer nuestra hegemonía o promover el respeto mutuo y la cooperación. La combinación de la creciente interdependencia del hemisferio, el agotamiento de los modelos actuales y los límites a la capacidad militar estadounidense, muestran la necesidad de cambiar radicalmente la dirección de la política exterior estadounidense.

Al usar el modelo del buen vecino de FDR como inspiración para la generación de políticas públicas (no como plano), es concebible desarrollar una ética en la relación con nuestros socios del hemisferio, que revertiría el rápido deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos del sur.

La actual política exterior estadounidense busca fortalecer la hegemonía de Estados Unidos y configurar economías y gobiernos regionales en torno de los intereses ideológicos, económicos y políticos estadounidenses. Insiste en aislar a las naciones que cuestionan la hegemonía, y forzar a otros a obedecer, y eso ni sirve a la seguridad y a los intereses nacionales estadounidenses ni mejora los prospectos para una política y un desarrollo económico sustentables en América Latina y el Caribe. Por el contrario, estos enfoques podrían llevar a peligrosas confrontaciones que no hacen nada para beneficiar a las poblaciones latinoamericanas y estadounidense.

El ascenso al poder de corrientes políticas de centro izquierda y la emergencia de nuevos movimientos sociales plantea muchas preguntas y genera muchas incertidumbres que van mucho más allá del ámbito de este texto. Claramente, sin embargo, esta tendencia ha devuelto la igualdad y otras demandas sociales a la agenda hemisférica.

Si América Latina y el Caribe buscan un futuro más brillante, éste debe ser de autodeterminación y que responda a los intereses de la mayoría pobre. Todas las naciones merecen el derecho y el espacio para definir políticas nacionales que trabajen por los intereses de sus pueblos. Ejercer estos derechos—como está ocurriendo cada vez más en la región—es señal de salud política y puede llevar al fin de muchos de los obstáculos estructurales que han impedido el desarrollo político y económico de la región.

En este contexto, Washington debe diseñar un nuevo enfoque sobre las relaciones hemisféricas que sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos y a su seguridad nacional, una que no enfrente, desestabilice o debilite a nuestros vecinos más cercanos. Para ser exitoso, este nuevo enfoque no puede ignorar la noción, de sentido común, de que la comunidad entera se beneficia cuando los vecinos se respetan los unos a los otros.

El primer principio del Buen Vecino, dice: “El primer paso hacia la buena vecindad es dejar de ser un mal vecino”.

En ningún lado ha sido esto tan obvio como en América Latina, donde la reputación de “mal vecino” de Estados Unidos ya fue probada históricamente y está creciendo en los tiempos actuales. Las guerras sucias en Centroamérica, la participación en el derrocamiento de líderes electos, una larga historia de apoyo a gobiernos represivos, todo está en la memoria de la gente y recuperar la confianza será difícil.

Para cambiar el curso, Estados Unidos debe, como hizo FDR, reconocer la necesidad de rechazar las políticas de mala vecindad de intervención diplomática y militar y basada en términos no negociables de integración económica. Dejar de ser un mal vecino no implica descartar la preocupación por los intereses nacionales y la seguridad estadounidenses, sino convencerse de que el respeto, la cooperación y un liderazgo que tome en cuenta el bienestar colectivo son más efectivas en la búsqueda de estas metas.

En vez de usar nuestra estabilidad política y nuestro poder económico para ayudar a la región a mejorar, en demasiadas ocasiones nuestra influencia e intervenciones han retrasado el desarrollo político y económico. Un liderazgo y una participación responsable requiere un respeto básico por la autodeterminación de todas las naciones.

Mientras nuestro gobierno o nosotros como pueblo siempre tendremos diferencias con las políticas y retóricas de algunos otros gobiernos, no deberíamos recurrir a nuestro poder superior para reprobar o cambiar esos gobiernos. Los vecindarios funcionan mejor cuando las reglas son aplicadas en procesos colectivos y no tomando la justicia en manos particulares. En otras palabras, la acción unilateral estadounidense, abierta o encubierta, contra vecinos que no aprobamos contribuye al resquebrajamiento de la comunidad y en última instancia no impulsa los intereses nacionales y la seguridad de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense debería impulsar y apoyar reformas en naciones latinoamericanas que busquen un desarrollo más amplio, que protejan el ambiente y los derechos humanos y generen una red de salvamento social generosa, y que reduzcan la creciente brecha en la distribución del ingreso.

Lo mismo debería hacerse en casa. Estados Unidos podría dar un buen arranque en este camino respetando los derechos laborales de los trabajadores estadounidenses, volviendo a una estructura fiscal más progresista, clausurando las celdas de tortura y atacando la corrupción entre el gobierno y el empresariado.

Serían recomendables, como primeros pasos hacia una mejor cooperación y lejos de la dominación estadounidense en el hemisferio, sería dejar de tratar a la Organización de Estados Americanos como un instrumento de la política estadounidense, levantar el embargo a Cuba e impulsando soluciones comunes a problemas comunes—incluyendo las crisis de la inmigración y la droga ilegal.

Las iniciativas del buen vecino incluirían una oferta para renegociar el TLCAN, CAFTA y sus acuerdos comerciales bilaterales; un compromiso real para alcanzar las metas de desarrollo del milenio a través de niveles previamente acordados de ayuda económica y un giro público lejos de su insistencia en la política neoliberal. Estos serían requisitos para recibir ayuda bilateral y multilateral. La ayuda “democratizadora” a países como Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela ha probado una y otra vez que distorsiona las transiciones políticas en vez de ayudar a consolidar o impulsar la democracia, y debería, por tanto, dejar de ser un instrumento de la política exterior estadounidense.

Nosotros y ellos

Mientras más gobiernos y líderes políticos en América Latina y el Caribe afirman sus diferencias con la política exterior estadounidense, y al hacerlo afirman su determinación para seguir sus propios caminos políticos, es hora de que Estados Unidos reconsidere sus hábitos hegemónicos. Desafortunadamente, la administración Bush ha reaccionado a los cambios políticos con las mismas políticas de “ellos contra nosotros” que han sido tan desastrosas en la arena internacional.

La administración Bush puede aceptar la apuesta de América Latina por una mayor independencia política o tratar de dividir el continente en categorías simplistas de “aliados incondicionales” a los que favorecerá, y “enemigos peligrosos” a los que buscarán sabotear. Y no sólo los costos económicos—la política del “con nosotros o contra nosotros” también exacerba las tensiones intraregionales. Los intentos para forzar la adopción de las políticas comercial y de seguridad de Estados Unidos han creado una ola de resentimiento y de sentimientos antiestadounidenses por toda la región.

Una nueva política exterior sería una que reconociera las diferencias pero que no las vea como divisiones políticas o culturales. Al respecto, deberíamos recordar también lo dicho por FDR sobre la nueva política exterior de su administración: “Dedicaré esta nación a la política del buen vecino —un vecino que resueltamente se respeta a sí mismo, y por ende, respeta los derechos de los otros”.

En nuestra política exterior hemisférica, debemos recordar que los Estados Unidos de América no incluye todas las Américas. Pero como nación americana, tenemos la responsabilidad especial y el interés nacional especial de que asegurarnos de que nuestro liderazgo y nuestras sociedades regionales impulsarán un respeto mutuo que resultará en beneficios mutuos.

Recursos

Una ética de buena vecindad para las relaciones internacionales, http://www.ircamericas.org/esp/514