La Ronda de Doha mandató otorgar especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. Como tal, revisar el Acuerdo de Agricultura debe poner el enfoque en el impacto que ha tenido hasta la fecha la liberalización, y en el impacto potencial de nuevas regulaciones.

Se ha dicho que México es el laboratorio del libre comercio, porque la nación abrió radicalmente sus fronteras al entrar al GATT, desde principios de 1986. México emprendió una liberalización unilateral del comercio y ajustes estructurales que se aceleraron cuando, en 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). Después de casi veinte años de experiencia, podemos trazar ahora un panorama de las políticas agrícolas de libre comercio desde la perspectiva de un país en desarrollo. Las lecciones son iluminadoras para las actuales negociaciones de la OMC, e indican la necesidad de cuestionar con seriedad el foco que, para los países desarrollados, hoy se centra en el acceso al mercado, a expensas de la soberanía alimentaria, las condiciones de vida y el impulso rural en los países en desarrollo.

La experiencia mexicana: desplazamiento, pobreza y dependencia alimentaria

Con el TLCAN, México acordó una total liberalización de todos los productos agrícolas para el 2008. Pese a que al maíz y al frijol, los cultivos básicos de la nación, se les otorgaran quince años de periodo de ajuste, en la práctica ambos se liberalizaron antes del periodo de ajuste, debido a decisiones del gobierno que permitieron importaciones libres de arancel, por encima de las cuotas fijadas. En efecto, el maíz obtuvo aranceles cero, a escasos tres años de firmado el acuerdo.

Las asimetrías en la producción agrícola de Canadá, Estados Unidos y México eran graves al momento de firmar, y se han profundizado desde entonces. Veintiuno por ciento de la población mexicana depende de su posibilidad de cultivar para su sobrevivencia, en comparación con el 2.8 por ciento de la población en Estados Unidos. Tres cuartas partes de los productores mexicanos trabajan menos de cinco hectáreas. Existen importantes asimetrías en los subsidios (la ley agrícola estadunidense autoriza más de 200 mil millones en los próximos diez años) y en productividad, crédito, recursos naturales, insumos y transportación.

El maíz es el cultivo más extendido en México y la principal fuente de subsistencia de los sectores rural y urbano. México es centro de origen del maíz, y la historia del país y sus 56 culturas indígenas gira en torno a este cultivo. A partir del TLCAN, casi se triplicaron las importaciones de maíz y el precio ha caído 64 por ciento desde 1985. Las importaciones de maíz genéticamente modificado han contaminado las variedades locales, provocando temores por la posibilidad de perder biodiversidad y por la dependencia creciente hacia las transnacionales químicas y de semillas.

A otros cultivos les ha ido incluso peor. Las importaciones de soya, trigo, pollería y cárnicos de res se han incrementado en un 500 por ciento, desplazando la producción interna. Las importaciones subsidiadas, y a precios de comercio desleal, rompen también con la integración vertical de los sectores agro industriales en ascenso, como la producción cervecera.

El campo mexicano perdió 1.7 millones de empleos desde la implantación del TLCAN, en el contexto de una magra generación de empleos en otros sectores. Durante el mismo periodo, miles de mexicanos migraron a Estados Unidos, muchos de ellos hacia trabajos agrícolas como jornaleros indocumentados, sin garantías ni beneficios laborales. Desde 1994, México ha importado 78 mil millones de dólares en alimentos.

Las compensaciones prometidas no se materializaron. Subieron las exportaciones, especialmente en hortalizas, pero no pueden compensar las importaciones. Los cultivos de agroexportación cubren únicamente el 8 por ciento del total de la tierra cultivada, lo cual no se compara con los tres millones de productores de granos básicos y oleaginosas que--cubriendo el 70 por ciento de la tierra de cultivo mexicana--se han visto desvastados por las importaciones. El comercio agrícola de enclave, donde supuestamente el país tendría ventajas comparativas, tiene poco espacio para crecer, por las restricciones adyacentes (condiciones climáticas, hídricas y de suelos), la falta de financiamiento y mercados estrechos. La agricultura ha recibido sólo el 0.3 por ciento de la inversión extranjera directa.

México registra un balance negativo en comercio agrícola a lo largo de los diez años de liberalización comercial. Más aún, el gobierno perdió casi tres mil millones de dólares en ingresos por no aplicar los aranceles permitidos por el TLCAN.

Lecciones para la OMC

En resumen, veinte años de liberalización de comercio en México condujeron a un incremento de la pobreza rural, a la desnutrición, la migración y la inestabilidad; a cargas de trabajo mayores, particularmente de las mujeres; a un incremento en los precios al consumidor; a un incremento en las ganancias y a un control de los mercados por parte de las transnacionales del comercio y el procesado--todo a costa de los pequeños productores. Se han perdido también ingresos nacionales que podrían haberse aplicado a los programas de desarrollo. Hay ahora riesgos severos para el ambiente y la biodiversidad.

El borrador de Harbinson para un Acuerdo de Agricultura no propone nada que revierta estas tendencias negativas de la liberalización del comercio, por reflejar las prioridades de acceso a mercados, propias de los países desarrollados, predominantes en el TLCAN.

Primero, porque no toma seriamente en cuenta las asimetrías en el acceso a los mercados. El Acuerdo de Agricultura proponía "armonizar", gradual o abruptamente el acceso a los mercados sobre la base de la enorme e irresuelta asimetría entre las naciones, y entre los distintos sectores dentro de las naciones. "Un Tratamiento Especial y Diferencial--al grado en que se definió--meramente reduce los requisitos para lograr aranceles bajos, sobre la base frecuente de ya de por sí bajos niveles arancelarios. La posibilidad de eximir los "Productos Especiales" se ve severamente limitada por el hecho de que éstos serían determinados por intereses conflictivos en la OMC, y no basándose en unas políticas nacionales de desarrollo rural. En lugar de crear un campo nivelado, esta aproximación conduce al establecimiento de disparidades permanentes.

Para todos--excepto un puñado de intereses agrícolas transnacionales muy capitalizados y fuertemente subsidiados, con frecuencia transnacionales--, el acceso a los mercados se traduce en un desplazamiento del mercado. El mercado alimenticio es relativamente rígido. Cuando las naciones y corporaciones con "ventajas comparativas" se expanden al mercado global, lo hacen conquistando los mercados que antes detentaban los agricultores de los países en desarrollo. La consecuencia es el desplazamiento de la producción alimentaria nacional y la destrucción de los sistemas de producción de autoconsumo.

Segundo, el Acuerdo perpetua las prácticas de comercio desleal mientras niega a los países en desarrollo los instrumentos defensivos. Los subsidios a la exportación se desvanecen, no se cancelan. Se hace muy poco para evitar que los subsidios indirectos a la exportación se trasladen a medidas incontroladas como las Cajas Azul o Verde, medidas que terminan teniendo el mismo efecto neto de dar aliento a la sobre producción y desplazando de sus propios mercados la producción de los países en desarrollo.

Los pagos de apoyo al ingreso contribuyen también a la deslealtad con los mercados mundiales, pero cubren muy diferentes funciones prácticas en los países desarrollados y en los países en desarrollo. En los países exportadores de alimentos básicos, sirven principalmente para bajar el precio que hay que pagar a los productores, alientan la sobre producción y permiten incrementar los volúmenes que se venden fuera del país. En países como México, donde más de la mitad de los productos del campo se destinan al consumo familiar, los apoyos significarían la diferencia entre que los niños mueran o no de hambre.

Libre comercio contra desarrollo nacional

El debate en los países en desarrollo no es, en la raíz, un debate entre libre comercio y proteccionismo. Es un debate entre la imposición de las reglas del libre comercio a costa del desarrollo y el bienestar nacionales. En el complejo y difícil contexto de una globalización que muestra claras tendencias hacia incrementar la inequidad, la concentración y la polarización de la riqueza, las naciones en desarrollo requieren responder con políticas que aseguren que cada ciudadano tenga un estándar básico de vida. El Acuerdo en Agricultura, como el TLCAN, mete las políticas nacionales en una camisa de fuerza justo cuando los países en desarrollo deberían responder a retos nuevos y más riesgosos. Al mismo tiempo, exacerba las amenazas a la soberanía alimentaria, y elimina estrategias importantes de supervivencia en el campo, que no sólo garantizan la subsistencia sino que además apoyan la diversidad biológica, agrícola y cultural.

Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo enlistó cuatro principios de comercio que se han olvidado en gran medida durante los debates actuales que se centran en el acceso a mercados: 1. El comercio es un medio, no un fin en sí mismo. 2. La reglas de comercio deben permitir diversos estándares nacionales institucionales. 3. Los países tienen el derecho a proteger sus instituciones y sus prioridades de desarrollo. 4. Los países no tienen el derecho de imponer sus preferencias institucionales a otros.

Estas reglas simples implican una reorientación completa de la OMC, de la promoción del comercio a un foco más fuerte centrado en aspectos de desarrollo y equidad. Las organizaciones de pequeños productores en los países en desarrollo han articulado un amplio rango de recomendaciones que deben considerarse para encarar las inequidades básicas del comercio internacional en agricultura, y proteger los muchos roles que puede jugar la producción rural en la sociedad, incluidos el empleo, la soberanía y la seguridad alimentarias, el intercambio con el extranjero y la asignación de los recursos naturales.

Para terminar con el comercio desleal, llaman a terminar con los subsidios a las exportaciones en todas sus formas, y a contar con el derecho a mecanismos de salvaguarda o medidas protectoras cuando resulte necesario. Los agricultores mexicanos asociados con Vía Campesina aseguran que esto significaría retirar la producción de alimentos y mercados de los acuerdos de la OMC, para poder crear mecanismos más democráticos de regulación que respeten la soberanía alimentaria y ayuden a reconstruir los mercados locales y regionales. También se requiere regular los oligopolios transnacionales de comercio que crean distorsión en los precios.

Otras recomendaciones incluyen:

• Apoyo a los agricultores y programas de reforma agraria basadas en las necesidades humanas, que incorporen los objetivos de la equidad de género, el respeto a los derechos campesinos--principalmente el derecho a cultivar, a vivir de la tierra.
• Legislar y hacer cumplir los estándares nacionales en materia de salud y medio ambiente, incluso fijar estándares más altos que los internacionales, o que los de las naciones miembros.
• Estudios de impacto basados en la experiencia real y no en modelos teóricos. Los estudios deben tomar en cuenta los fracasos mercantiles causados por la concentración de las corporaciones transnacionales; deben considerar también otras preocupaciones no mercantiles.
• Un compromiso por preservar el carácter multifuncional de la agricultura en forma global y real. Hasta el momento, el compromiso estadunidense con la multifuncionalidad, se ha restringido a permitir medidas que apoyan la agricultura de los países desarrollados. Pese a que las preocupaciones no mercantiles son mucho más vitales en los países en desarrollo, no hay previsiones que las respalden cuando los fondos gubernamentales son insuficientes. Es todavía más grave que no se reconozca el impacto del comercio desleal sobre la capacidad de estos países para mantener actividades agrícolas que aseguren valores globales como la conservación ambiental, el empleo y la seguridad alimentaria.
• La democratización de las regulaciones de comercio internacional, corrigiendo la escasa representación de los Países Menos Desarrollados--aquéllos que en su mayoría, dependen en gran medida de su agricultura.

Las regulaciones de comercio internacional deberían promover el bienestar humano y minimizar conflictos. Deberían dejar de imponer el sistema de libre comercio, pues no existe un consenso global de que sea el único, o el mejor camino hacia el desarrollo y la equidad. En cambio, las experiencias como México indican que es un camino plagado de riesgos y altos costos humanos.

Incluso las regulaciones óptimas en comercio internacional no resolverán los problemas del desarrollo rural, debido a la complejidad de las condiciones regionales o locales y a las preocupaciones no comerciales. Sólo unas políticas de desarrollo nacionales e integrales podrán hacer esto. Esta es una batalla que debe darse en su propio terreno, y es la ciudadanía rural la que tendrá que librarla en el contexto de un Estado democrático y responsivo.

Al atarle las manos a los gobiernos nacionales, el Acuerdo de Agricultura de la OMC, sólo exacerbará la crisis en el campo y socavará los procesos democráticos.